La Fiscalía de Perú anunció ayer formalmente una
investigación penal contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006)
por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por el
cobro de coimas para favorecer a la empresa brasileña Odebrecht.
En un mensaje colgado en la cuenta oficial de Twitter del Ministerio
Público, se informó que el proceso también se extiende a Jorge Barata,
el exdirector de las oficinas de Odebrecht en Perú, y contra Josef
Maiman, empresario amigo de Toledo señalado de ejercer de testaferro del
expresidente.
Según la nota de la Fiscalía, a Barata se le formalizará
investigación preparatoria "como cómplice primario del delito de lavado
de activos" y Maiman como "autor" en el caso.
Tras este anuncio de la Fiscalía, será un juez el que tendrá que
definir en una audiencia, que se realizará antes de 48 horas, qué
medidas se tomarán respecto al expresidente y los otros acusados y que
pueden incluir un pedido de búsqueda y captura internacional.
Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada en
el caso de los sobornos de Odebrecht, que cobró fuerza durante el pasado
fin de semana cuando la prensa peruana filtró información que señalaba
que Barata confirmó a las fiscalías de Brasil y Perú que Toledo recibió
20 millones de dólares en sobornos para entregar la construcción de la
carretera Interoceánica a la empresa brasileña.
El sábado pasado, la Policía allanó la lujosa vivienda que Toledo
compró en Lima tras terminar su mandato y se retiró con numerosos
documentos.
Desde que se conocieron las filtraciones, Toledo, que se encuentra en
Francia junto a su esposa Eliane Karp, ha negado categóricamente el
haber recibido dinero de la constructora, denunció una persecución de
sus "enemigos" y consideró que Barata "mintió" en su declaración ante la
Fiscalía.
En Perú, Odebrecht pagó 29 millones de dólares en sobornos a
funcionarios entre 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de
Toledo, Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se
desprende de un acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de
Justicia de Estados Unidos.
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