Movimiento pide salarios se eleven a RD$27,350.00

El Movimiento Patria para Todos hizo un llamado a la sociedad dominicana para que se integre y movilice con el propósito de que la población reciba un salario mínimo justo de aproximadamente RD$27,350.

La entidad de carácter político y social, consideró este monto sería el valor más bajo que deben recibir los trabajadores para poder garantizar el sostén de su familia y avanzar hacia metas de superación y desarrollo.

Juan José Lomba, miembro de la coordinación de Santo Domingo Norte, al commemorarse el “Día Internacional del Trabajo”, exhortó al pueblo dominicano a reclamar su derecho de afiliación al Sistema Dominicano de Seguridad Social, argumentando que desde que la ley de Seguridad Social 87-01 fue decretada el 18 de mayo del 2001 es violada por el Gobierno en perjuicio de los trabajadores y en especial de los trabajadores informales que aún no han sido afiliados por el régimen contributivo subsidiado.

“La discriminación laboral por edad, tal y como se lee a diario en los anuncios clasificados de la prensa, sucede ante la mirada irresponsable del Gobierno y del Ministerio de Trabajo sin que hasta el momento se haya producido ninguna acción correctiva lo que acorta la posibilidad de que nuestros profesionales puedan trabajar como tales por contrato indefinido más haya de 17 ó 21 años, después de lo cual deben laborar independientemente sujeto al pago de honorarios no regulados, que no se corresponden con la tarifa salarial para profesionales contratados por proyectos o por tiempo indefinido”, sostuvo. 

Afirmó que es irresponsable el que aún a la fecha no se haya dispuesto de mecanismos de supervisión de parte del Ministerio de Trabajo como garantía de la paridad laboral y la distribución de los puestos de trabajo por empresa, según los índices poblacionales por edad, del último censo nacional.

INTEGRAR AL TRABAJO A DISCAPACITADOS
Juan José Lomba señaló que aún el sistema laboral dominicano no ha logrado integrar a las personas que sufren discapacidad, lo que se convierte en una inequidad de las autoridades.

“Las personas con alguna discapacidad o con habilidades especiales son condenados a realizar trabajos de medio tiempo o aquellos empleos peor pagados”.