El líder opositor venezolano Henrique Capriles
denunció ayer que las autoridades le retuvieron el pasaporte cuando
intentaba abordar un vuelo a Nueva York para denunciar en las Naciones
Unidas la violenta represión del gobierno de Nicolás Maduro.
A través de su cuenta en Periscope, Capriles dijo que el viernes
tenía previsto reunirse con el Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de la ONU. Las autoridades no han ofrecido al momento
comentarios sobre el hecho.
El incidente se produjo mientras la oposición intenta marchar al
centro de Caracas en medio de una creciente espiral de violencia que ha
dejado seis muertos en una semana, entre ellos un hombre que falleció en
medio de una protesta en el estado suroccidental de Táchira.
Manuel Castellano, de 46 años, murió la tarde de miércoles tras
resultar herido por un disparo de arma de fuego a pocos metros de una
manifestación en la población de Tucapé, en Táchira.
La Fiscalía General informó que tres guardias nacionales fueron
detenidos e imputados por su presunta relación con la muerte de
Castellano. En lo que va de la semana cuatro personas han fallecido en
Táchira, una en el estado de Barinas y otra en la localidad de San
Antonio de los Altos, a las afueras de la capital.
La coalición de la Mesa de la Unidad Democrática busca llegar a la
sede del Ministerio de Relaciones Interiores, en el centro de la ciudad,
para protestar contra las fuerzas de seguridad a las que señalan de
excederse en el control de las manifestaciones.
El centro de la capital y los alrededores del ministerio amanecieron tomados por centenares de policías y guardias nacionales.
Desde que se iniciaron las movilizaciones siete semanas atrás la
oposición ha intentado en varias oportunidades marchar hacia el centro
de Caracas, donde está la sede del gobierno, pero la policía y la
Guardia Nacional les han bloqueado el paso.
Las tensiones se intensificaron la noche del miércoles luego de que
un pequeño regimiento militar del poblado de La Grita, al norte de
Táchira, fue atacado por varios centenares de personas que estrellaron
un vehículo contra la entrada de la instalación y luego lo prendieron
fuego. Algunos de los atacantes lanzaron piedras a los uniformados que
accionaron sus armas para dispersarlos.
Al condenar el incidente Maduro denunció que "paramilitares"
presuntamente vinculados a la oposición atacaron el batallón pero
precisó que la situación fue controlada por los militares.
Las
autoridades también reportaron que durante la semana otra instalación
militar de Táchira fue atacada con bombas incendiarias por
manifestantes.
En la ciudad de San Cristóbal, capital de Táchira, se registraron
durante la noche y la madrugada del jueves decenas de saqueos a
comercios a pesar de que la localidad había sido tomada horas antes por
centenares de guardias nacionales, dijo a The Associated Press Patricia
Gutiérrez, alcaldesa de esa ciudad.
Desde inicios de semana San Cristóbal y otras poblaciones aledañas
enfrentaron numerosos bloqueos de vías, protestas y ataques a estaciones
policiales que llevaron al cierre de centenares de comercios y la
paralización del transporte público.
El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López,
anunció el miércoles el envío a Táchira, estado fronterizo con Colombia,
de 2.600 militares para reforzar la seguridad en la zona.
Capriles había denunciado más temprano que durante la noche del
miércoles varios comercios de Los Teques, a las afueras de la capital,
fueron saqueados tras una intensa jornada de enfrentamientos entre
manifestantes y la Guardia Nacional que lanzaron balas gases
lacrimógenos y balas de goma.
Asimismo, en la ciudad central de Maracay se registró un violento
incidente cuando un grupo personas armadas disparó contra centenares de
universitarios que se encontraban en el comedor de una universidad. En
el hecho resultaron heridos seis estudiantes y un oficial de la Guardia
Nacional, indicó la Fiscalía General.
Las protestas, que se iniciaron a fines de marzo tras dos sentencias
del Tribunal Supremo de Justicia contra el Congreso que luego fueron
revertidas, han dejado 47 muertos, aunque la Fiscalía General solo
reconoce 42; más de 900 heridos y centenares de detenidos.
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