La Procuraduría Especializada en Persecución de
la Corrupción Administrativa (PEPCA) solicitó prisión preventiva para
otro de los seis implicados en el caso de los sobornos por US$3.5
millones que la empresa Brasileña de Aeronáutica S.A. (Embraer) admitió
haber pagado para facilitar la compra de ocho aviones Super Tucano en el
año 2009.
En la acusación depositada el martes en la noche en la Oficina de
Atención Permanente del Distrito Nacional, la PEPCA solicitó la
imposición de esa medida de coerción para el abogado notario, Félix Del
Orbe Berroa.
Conforme a la acusación, el ministerio público estableció que Del
Orbe Berroa fue el notario que legalizó los contratos de venta viciados
de falsedad suscritos entre el exministro de las Fuerzas Armadas, Pedro
Rafael Peña Antonio, y la compañía Ares Security and Training, S.R.L,
que le compró dos inmuebles al imputado Peña Antonio, quien es el
verdadero propietario de esa compañía. A Del Orbe Berroa se le acusa de
incurrir en los tipos de asociación de malhechores y falsedad en
escritura, contenidos en las disposiciones de los artículos 145, 146,
265 y 266 del Código Penal dominicano.
Renovación de medida
La PEPCA, igualmente, solicitó que sea renovada la medida de coerción impuesta al exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea, Carlos Ramón Piccini Núñez, quien guarda prisión preventiva, así como a Pedro Rafael Peña Antonio, Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, quienes tienen medida de coerción consistentes en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país, por estar configuradas las circunstancias establecidas en los artículos 227, 229 y 301 del Código Procesal Penal y no haber variado las circunstancias que dieron origen a la misma.
La PEPCA, igualmente, solicitó que sea renovada la medida de coerción impuesta al exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea, Carlos Ramón Piccini Núñez, quien guarda prisión preventiva, así como a Pedro Rafael Peña Antonio, Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, quienes tienen medida de coerción consistentes en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país, por estar configuradas las circunstancias establecidas en los artículos 227, 229 y 301 del Código Procesal Penal y no haber variado las circunstancias que dieron origen a la misma.
La PEPCA pidió, además, ordenar en favor del Estado, el decomiso
inmediato de los bienes, productos o instrumentos relacionados con las
infracciones imputadas a Peña Antonio y Piccini Núñez.
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