Luego de tres días de análisis y discusiones sobre el estado de la libertad de prensa y la libertad de expresión, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), emitió sus conclusiones en la que destaca la violencia y el acoso gubernamental como elementos de constante agresión contra el ejercicio del periodismo en las Américas. A continuación el texto de esas conclusiones.
La libertad de prensa en las Américas sigue jaqueada por gobiernos autoritarios e intolerantes que multiplican y reinventan su acoso al periodismo, así como por una violencia que parece no encontrar límites.
Un nuevo y formidable ataque agrava aún más la deteriorada situación que se vive en materia de libertad de expresión: las presiones de los gobiernos para que empresas privadas retiren sus avisos en los medios independientes de comunicación.
Hoy, en la Argentina, como ocurriera en el Perú de Alberto Fujimori, importantes avisadores retiraron por completo sus anuncios luego de que el gobierno así se los ordenara y ante el temor de sufrir represalias tributarias o de otro orden. El periodismo crítico, discriminado por el gobierno pues no recibe publicidad oficial, se enfrenta a la encrucijada de ya no poder subsistir.
Prácticas antidemocráticas
La SIP considera imprescindible hacer un llamado a los gobiernos que no solo declaman sino que practican las más elementales normas de una democracia republicana -libertad de expresión, división de poderes, independencia de la justicia, garantías individuales de los ciudadanos y alternancia de los partidos en el poder- sobre los peligros que entraña un mismo modus operandi de prácticas antidemocráticas que no respeta fronteras ideológicas en el hemisferio occidental, pero que se desarrolla especialmente en Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua y Panamá. Este comprende, fundamentalmente, a inmensos aparatos de propaganda estatales y privados creados con, entre otras cosas, el fin de difamar y atacar a periodistas, responsables de medios de comunicación, empresarios y políticos que no comulgan con el pensamiento oficial.
La publicidad oficial, que crece sin disimulo y asciende a sumas millonarias, sigue siendo utilizada como método de discriminación en contra de los medios no adictos en esos países, a los que se suma también Guatemala.
Los discursos oficiales se reproducen en forma idéntica: se acusa a los medios de prensa de desestabilizar y hacer oposición por el solo hecho de hacer su trabajo, que consiste en informar y opinar. Se dilatan o no se sancionan leyes que favorezcan el acceso a la información pública.
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