La ministra de Educación, Josefina Pimentel, y miembros del Congreso Nacional acogieron con beneplácito la sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe a los colegios sancionar o discriminar a los estudiantes por falta de pago, mientras representantes de esas instituciones educativas la rechazan y aseguran que sienta un mal precedente.
Al reaccionar en torno a la sentencia del TC que rechazó una acción de inconstitucionalidad que presentó la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Distrito 15-03 (AINEP), para pedir la nulidad del artículo 48 de la Ley 136-03 o Código del Menor, Pimentel dijo que esta sentencia lo que hace es ratificar lo que consigna la Ley de Educación 66-97, que faculta al Ministerio de Educación como órgano rector de la educación dominicana y también prevé que la educación pueda ser impartida, tanto por instituciones o centros administrados por el sector público como por el sector privado.
Sin embargo, aclara que para llevar a cabo la regulación de las tarifas de los colegios privados hay que avanzar en la definición de una categorización que permita crear los mecanismos en que se apoye el Estado para llevar a cabo esa supervisión.
La vicepresidenta del Senado, Cristina Lizardo, exhortó al Ministerio de Educación y al Consejo Nacional de Educación a analizar la resolución del TC para dar una respuesta apropiada y precisa, sin que resulten afectados los estudiantes.
De su lado, el diputado y presidente de la Asociación Dominicana de la Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, manifestó su respaldo a la sentencia, pero advirtió que ahora los colegios podrían utilizar la estrategia de cobrar la mensualidad por adelantada, “este es el riesgo que podrían correr los padres”, agregó.
Rechazo
El padre Héctor Sánchez, de la Asociación de Colegios Privados que sometió el recurso de inconstitucionalidad contra las dos leyes de Educación , dijo que la decisión sienta un mal precedente, pues fomenta la deshonestidad de muchos padres que no asumen su responsabilidad de pagar la educación privada a sus hijos.
Al también director del Colegio Calasanz le preocupa la decisión del alto tribunal, porque sirve para que muchos padres se aprovechen y caigan en la morosidad. Advierte que muchos colegios privados se verán en la obligación de cerrar, porque no podrán cubrir sus gastos.
En tanto, la expresidenta de la AINEP, Amalia Incháustegui de Hernández, directora del colegio Santa Teresita, dijo que se trata de una situación grave, dado que premia con impunidad a aquellos que deciden no cumplir con sus compromisos .
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