CHICAGO - Los contribuyentes del Condado de Cook tendrán que pagar $529,000 a varios empleados, quienes fueron despedidos al llegar Joseph “Joe” Berríos a la oficina del tasador de ese condado.
Lo anterior lo aprobó el miércoles la Junta de Comisionados del Condado de Cook en respuesta al fallo de un monitor federal, que determinó que los despidos de casi media docenas de empleados de ese condado, hechos al llegar Berríos en 2010, se hicieron por “razones políticas ilegales’.
los monitores fueron nombrados por jueces federales por acuerdo entre el abogado de derechos civiles, Michael Shakman, y el condado, que entró en vigor durante el único término de Todd Stroger en el cargo para establecer los procedimientos que librarían al condado de décadas de práctica de contratación, despido y promoción de personal por razones políticas.
El voto de la Junta es otro capítulo en la lucha que Berríos libra contra acusaciones de supuesto nepotismo.
Al llegar a esa oficina, Berríos, quien es presidente de los demócratas en el condado de Cook, despidió a un grupo de empleados y llevó a su propio equipo, que incluía a su hijo, su hermana y un abogado de su puesto anterior como miembro de la Junta de Revisiones.
Berríos dijo al Tribune que pensaba que los empleados despedidos tenían puestos que le permitían contratarlos, promoverlos y despedirlos por razones políticas.
“Yo creí que eran empleados a voluntad”, dijo Berríos al Tribune.
Asimismo, la Junta de Ética del Condado de Cook investigó a la oficina del tasador y le ordenó a Berríos despedir a sus parientes y pagar una multa de $10,000.
Pero, Berríos ha negado los alegatos y en abril pasado dijo al diario Hoy que su hija ya trabajaba en esa oficina y que las otras dos contrataciones fueron en realidad transferencias de la Junta de revisiones a la del tasador.
Berríos reiteró que no había cometido nada ilegal y que espera ir a una corte para demostrarlo.
De regreso a la Junta, Deborah Sims, una de dos comisionadas quien votó contra el pago, lamentó que se desembolse tanto dinero para evitar las contrataciones políticas.
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