El procurador general de la República dijo ayer que permitir que el plazo de los procesos inicien desde el inicio de la denuncia-querella o las primeras investigaciones iniciadas por el ministerio público, es abrir las puertas de nuestro país al crimen organizado, a los casos de narcotráfico, trata de personas, corrupción administrativa y aún a los casos de atracos y robos.
Francisco Domínguez Brito por el contrario sugirió el inicio de la duración máxima del proceso inicie a partir del conocimiento de la medida de coerción o la realización de un anticipo de prueba, tal como fue aprobado por la Cámara de Diputados, siendo luego modificado por el Senado.
El Procurador mostró su preocupación en una misiva enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez donde le hace algunas observaciones al proyecto de ley que procura modificar la Ley 76-02, Código Procesal Penal, el cual fue aprobado por esa Cámara y luego modificado por el Senado de la República.
Expresó que en estos momentos el país requiere de posiciones firmes contra los criminales que destruyen nuestra paz, por lo que entiende que es necesario que se cuente con un sistema jurídico fuerte en condiciones de dar respuestas a las demandas de la sociedad.
Aclaró que la Ley Orgánica del Ministerio Público faculta al Procurador para remitir al Congreso Nacional su opinión sobre los proyectos de leyes que tengan relación con el Ministerio Público y el sistema de justicia.
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