El gobierno de Haití informó ayer que desplegará unidades móviles en República Dominicana para identificar a inmigrantes haitianos en situación irregular en este país, de modo que puedan regularizar su situación en territorio dominicano.
El director general de la Oficina Nacional de Identificación (ONI) de Haití, Jean Baptiste Saint-Cyr, informó en una rueda de prensa que el plan incluirá a personal del estado civil haitiano, pero en ningún momento mencionó la participación de funcionarios dominicanos.
Saint-Cyr señaló en cambio que el programa se iniciará dentro de un mes y que, entre otros objetivos, permitirá tramitar solicitudes de documentos de identificación como certificados de nacimiento sobre la base de testimonios y material de archivo.
El anuncio del plan de identificación y regularización sucede a los acuerdos logrados en el diálogo que Haití y República Dominicana iniciaron este año en torno a temas de interés común, tras un año plagado de incidentes que puso en evidencia la fragilidad de las relaciones entre los dos países.
En el último encuentro realizado en Jimaní, Haití se comprometió a proporcionar pasaportes a sus ciudadanos que emigraron a República Dominicana y que no cuentan con dicho documento.
El acuerdo
Un acuerdo suscrito entre autoridades haitianas y dominicanas estableció que antes de la emisión de los documentos de identidad, Haití verificará cuidadosamente que la titularidad de los mismos le corresponde a los solicitantes en virtud de lo establecido en la Constitución y las leyes de nacionalidad en vigor.
“Las autoridades haitianas se asegurarán de que los documentos se entreguen a los verdaderos haitianos de acuerdo con la ley”, dijo ayer el titular de la Oficina Nacional de Identificación haitiana, citado por la prensa local.
Saint-Cyr agregó que el proceso será supervisado por la Cancillería, los ministerios de Justicia y de Interior y la ONI y el gobierno haitiano, y mencionó que el programa involucrará un presupuesto de 2.5 millones de dólares. Dijo que varios encuentros serán realizados para discutir el “despliegue y las implementaciones necesarias”.
En el acuerdo suscrito en Jimaní, las autoridades dominicanas se comprometieron a otorgar a los trabajadores extranjeros en territorio dominicano una de las categorías de estatus migratorio prevista por nuestra legislación, siempre que cumplan con los requisitos necesarios.
Más garantías
La delegación dominicana también garantizó la expedición de una visa de entradas múltiples por doce meses y de forma gratuita a jóvenes haitianos que estudian en República Dominicana, “en virtud del espíritu de buena voluntad de este proceso de diálogo”, y el sometimiento al Congreso Nacional de una legislación especial para abordar las situaciones no resueltas por el Plan Nacional de Regularización dominicano.
El primer intento de diálogo fue roto en noviembre del año pasado cuando Santo Domingo acusó a Haití de desconocer una declaración suscrita por ambos países, seguida de la participación del presidente haitiano Michel Martelly en una reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom), en la que líderes de la región congelaron las negociaciones para admitir a República Dominicana en ese organismo.
Al mes siguiente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció en Caracas la creación de una comisión de alto nivel para que República Dominicana y Haití retomen el diálogo que el mismo gobierno venezolano impulsó en noviembre para evitar una crisis mayor entre ambos países.
Haitianos y dominicanos se reunieron por primera vez el pasado 7 de enero en la localidad haitiana de Juana Méndez.
HAITÍ RECONOCIÓ EL DERECHO DE RD
El diálogo iniciado por República Dominicana y Haití gira en torno a la migración, el comercio, la seguridad fronteriza y la regularización de los mercados binacionales, según han confirmado ambos países, pero a la sombra de disputas de tipo comercial y de la sentencia que fijó las condiciones para acceder a la nacionalidad dominicana, que Haití rechaza porque considera que viola los derechos humanos.
Sin embargo, Haití reconoció el derecho soberano de República Dominicana para determinar su política migratoria, aunque solicitó garantías para salvaguardar los derechos básicos de las personas de origen haitiano.
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