El consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, dijo ayer que la decisión del Tribunal Constitucional de revocar la sentencia de amparo TC/0028/14, que ordenaba a la Junta Central Electoral (JCE) la entrega de la cédula de identidad y electoral a 28 descendientes de haitianos indocumentados, es coherente con la sentencia 168-13.
En ese sentido, Pina Toribio consideró que la decisión en nada empaña el proceso de regularización y de diálogo que llevan a cabo República Dominicana y Haití.
“Eso está dentro de la lógica de la sentencia 168-13, de modo que es absolutamente correcta y, repito, se corresponde con lo que había sentado el propio Tribunal Constitucional y con lo que ya había dicho la propia Suprema Corte de justicia cuando tenía atribuciones de control constitucional”, precisó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Pina Toribio aclaró que en la República Dominicana no hay catástrofes ni habrá, como consecuencia de la aplicación de una decisión de un tribunal como el Constitucional que el gobierno ha acatado, y que ha estado creando las condiciones para su ejecución y cumplimiento.
Dijo que el gobierno también ha dado seguridades de respeto a los derechos humanos individuales de las personas involucradas en ese tema.
El pasado jueves el TC revocó la sentencia de amparo TC/0028/14, que ordena a la Junta Central Electoral (JCE) la entrega de la cédula de identidad y electoral a 28 descendientes de haitianos indocumentados.
La JCE se negaba a entregar los documentos porque según alega “los solicitantes fueron inscritos de manera irregular en las oficialías del Estado Civil, cuestión que está en proceso de investigación”.
Jurista´
En tanto, el jurista y experto en derecho constitucional, Juan Miguel Castillo Pantaleón, consideró ayer que esta sentencia dictada por el TC “fortalece” el estado de derecho y la solidez de las instituciones.
Dijo que los jueces del TC con la decisión que revoca una sentencia de un tribunal de San Pedro de Macorís, están ratificando su línea de jurisprudencia armónica con toda la jurisprudencia anterior de la Suprema Corte de Justicia en materia de casación y de constitucionalidad.
“Esa decisión fortalece aún más el estado de derecho y la solidez de las instituciones”, enfatizó el exjuez de instrucción.
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