El Gobierno español presentó hoy un recurso al Tribunal Constitucional contra la declaración independentista de Cataluña y pidió que el alto tribunal aperciba a los altos cargos catalanes de que el incumplimiento de sus mandatos puede ser un delito.
El presidente del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, en una comparecencia tras la presentación del recurso, afirmó que "cuando se prescinde de la ley se renuncia a la democracia" y recalcó que defenderá "con firmeza" el respeto a la soberanía popular y la unidad de la nación.
Rajoy dijo que el recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la resolución independentista aprobada el lunes pasado no es sólo una reacción ante una iniciativa de un Parlamento autonómico, sino "de la defensa de todo un país".
El Parlamento catalán aprobó el lunes una iniciativa secesionista que pretende avanzar hacia una "república catalana" con 73 de los 135 escaños de la Cámara: los 62 votos de Junts pel Sí (Juntos por el sí) -grupo del presidente catalán en funciones Artur Mas- y los diez de la CUP (radicales de izquierda).
Tras esa aprobación, el Gobierno activó los trámites legales para recurrirla ante el Tribunal Constitucional, tal como ha hecho hoy.
La prevista admisión a trámite del recurso del Gobierno por parte del alto tribunal supondría la suspensión de la resolución del Parlamento catalán y de todos sus efectos, tal como establece la Constitución española.
El Gobierno, en su recurso, pide que la comunicación de esta medida sea dirigida al presidente en funciones del Gobierno catalán y la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, junto a otros 19 altos cargos, que podrían ser acusados de desobediencia y suspendidos de sus funciones si no cumplen.
El Tribunal Constitucional ha convocado para hoy mismo, a las 16.30 horas (15.30 GMT) el pleno que estudiará y previsiblemente admitirá a trámite la impugnación del Gobierno contra la resolución independentista del Parlamento catalán.
La reforma legal del funcionamiento del Constitucional, aprobada en los últimos meses, establece "un régimen específico para los supuestos de incumplimiento" de sus resoluciones.
Podrá imponer multas coercitivas, acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento, o encomendar al Gobierno de la Nación, aun en funciones, la ejecución sustitutoria", dice la norma citada.
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