SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Dos hijos del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina exigen al estatal Banco de Reservas que les entregue 4 mil 432 millones 881 mil 909 pesos con 77 centavos.
El dinero es reclamado por Rafael José Ramón Trujillo Lovatón y Yolanda Altagracia Trujillo Lovatón, hijos de Yolanda Lina Lovatón Pittaluga, quien fue amante del dictador que gobernó desde 1930 hasta 1961.
Según los reclamantes, el dinero estaba depositado en el Banco de Reservas en una cuenta a nombre de su madre.
Según un reportaje difundido por NCDN, que dirige la periodista Nuria Piera, el reclamo fue llevado a la justicia y se encuentra en Cuarta Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
El reclamo hecho por Rafael José Ramón Trujillo Lovatón y Yolanda Altagracia Trujillo Lovatón fue conocido y reenviado el pasado 30 de abril por la Cuarta Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional
Dos hijos del tirano Rafael Leónidas Trujillo reclaman del Banco de Reservas la devolución de 4 mil 432 millones de pesos, que corresponden a una cuenta que tenía en esa entidad bancaria su madre Yolanda Lina Lovatón Pittaluga, que fue amante del dictador.
El reclamo hecho por Rafael José Ramón Trujillo Lovatón y Yolanda Altagracia Trujillo Lovatón fue conocido y reenviado el pasado 30 de abril por la Cuarta Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
Los hermanos Trujillo Lovatón argumentan que el 4 de febrero de 1950 la señora Yolanda Lina Lovatón Pittaluga depositó en el Banco de Reservas 2 millones 300 mil dólares, suma que a la fecha, contando los intereses hoy asciende a 101 millones de dólares. Agregaron que esa última cantidad de dólares, calculada a la tasa de cambio actual equivale a los 4 mil 432 millones 881 mil 909 pesos con 77 centavos que exigen al Banco de Reservas.
Tras el ajusticiamiento de Trujillo Molina, ocurrido el 30 de mayo de 1961 (acontecimiento del cual se cumplieron 52 años este jueves), casi todos los bienes y recursos acumulados por el dictador y su familia pasaron a ser propiedad del Estado dominicano, debido al origen espurio de esa fortuna.
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