La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, dijo que los sectores que quieren abrirle un juicio político con fines de destitución son los que buscan un "atajo" para asumir la Presidencia sin necesidad de obtener una mayoría en las elecciones.
La jefe de Estado, en un muy aplaudido discurso ante cientos de activistas que participaron en la Décima Conferencia Nacional de Asistencia Social, insistió en que no existe ningún motivo que justifique la apertura de un juicio político como el que quiere abrirle el Congreso y aseguró que usará todas las herramientas para luchar contra la interrupción de su mandato.
"No hay nada que justifique eso (el juicio), excepto el deseo de los que creen que hay un atajo para llegar a la Presidencia sin disputar el voto popular", afirmó la mandataria al atribuir las acusaciones a sectores de la oposición que aún no reconocen la derrota en las elecciones presidenciales del año pasado.
Pese a que no comparó explícitamente el juicio político en su contra con un golpe de Estado, Rousseff dijo que ese tipo de interrupciones antidemocráticas no sirven para pacificar el país.
"A lo largo de la historia quedó demostrado que los golpes no construyen armonía ni unidad y ni la pacificación necesaria para que los pueblos avancen. Lo que los golpes construyen es un caos que deja heridas y marcas profundas", aseguró.
Agregó que tiene fuerza suficiente para luchar contra el proceso y volver a unificar el país.
"Estoy segura de que podemos unir y unificar el país. Pero sólo conseguiremos eso dentro de la legalidad, dentro de la democracia. Quiero decir que voy a luchar con todas mis fuerzas por un Brasil que respeta las instituciones y que construye la estabilidad", dijo.
La presidenta afirmó que, además de luchar contra el juicio político e impedir la interrupción de su mandato, espera que la población la apoye e ese esfuerzo.
"No vamos a volver atrás. No sólo porque el Gobierno va a luchar sino porque ustedes no van a dejar", afirmó en medio de aplausos y de militantes gritando que "no habrá golpe", que se ha convertido en un lema de los grupos que han manifestado apoyo a Rousseff contra el juicio en el Congreso.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un declarado opositor a Rousseff y que está acorralado por denuncias de corrupción, autorizó la semana pasada el inicio del trámite para que la mandataria sea sometida a un juicio con fines de destitución.
Rousseff puede ser enjuiciada sobre la base de unas irregularidades en los balances de su Gobierno que fueron registrados en 2014 y que, según organismos de contraloría del Estado, se han mantenido durante este año.
Mientras que la oposición asegura que esas maniobras fiscales suponen un "delito de responsabilidad", que de acuerdo a la Constitución es una de las causas que pueden llevar a la destitución de un jefe de Estado, la presidenta afirma que se trata tan sólo de una disculpa.
Rousseff afirmó que los pagos que autorizó y que la oposición le cuestiona son los destinados a financiar los subsidios que su Gobierno distribuye entre los pobres y los créditos para la construcción de vivienda para las personas sin casa.
"Asumimos hace trece años (con la llegada del Partido de los Trabajadores al poder) la opción por beneficiar a los pobres y nos están cobrando por eso. Una parte de lo que me acusan es de haber pagado los subsidios para los más pobres y los recursos del programa de vivienda popular. Hice sí esos pagos. Y los hice con dinero legítimo de los tributos de este país y no con préstamos", dijo.
Según la jefe de Estado, la actual disputa política es entre una mayoría que quiere un país más desarrollado con mejores condiciones de vida para todos y pequeños grupos que consideran que lo mejor para ellos es que el país esté en las peores condiciones.
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