El juez coordinador de los Juzgados de la
Instrucción del Distrito Nacional decidirá hoy miércoles si valida el
acuerdo firmado entre la constructora Odebrecht, a través del cual se
comprometió a retribuir al Estado con US$184 millones en compensación
por el pago de sobornos para ser favorecido con obras públicas.
El magistrado José Alejandro Vargas fijó para las 10:00 de la mañana
la lectura de la sentencia en audiencia, en la segunda planta del
Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde funciona el tribunal de
Atención Permanente.
Se recuerda que la solicitud de homologación del acuerdo fue
depositada en el tribunal el pasado 10 de febrero por la titular de la
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero, y el abogado de Odebrecht,
doctor Robert Valdez.
Trascendió que el juez también decidirá sobre un pedimento que le
hiciera la PEPCA, en el sentido de que el caso Odebrecht fuera declarado
complejo.
Con relación al caso Odebrecht han sido interrogadas 16 personas,
entre estas funcionarios, exfuncionarios y legisladores, el gerente
local de Odebrecht, Marcelo Hofke, y el empresario Ángel Rondón, quien
admitió haber recibido los US$92 millones, pero por pago de servicio
brindado.
El pasado lunes el presidente Danilo Medina dijo, en su rendición de
cuentas, que la homologación o no del acuerdo por parte del tribunal
apoderado no detendrá la investigación del caso Odebrecht.
El acuerdo entre Odebrecht y la Procuraduría General de la República
contempla el pago de 184 millones de dólares, de los cuales la empresa
brasileña se comprometió a desembolsar 30 millones en lo inmediato, y el
resto en un plazo de ocho años, hasta el 2025.
Las investigaciones en el país se iniciaron a raíz de que el
consorcio se declaró culpable en Nueva York de violar leyes contra
sobornos en el extranjero, tras una intensa investigación de corrupción
en Brasil. Además, Odebrecht aceptó pagar multas por más de 3,500
millones.
BASE LEGAL DE ACUERDO CON LA PROCURADURÍA
La legalidad del acuerdo firmado con Odebrecht se fundamenta en el artículo 2 del Código Procesal Penal, que establece que el proceso penal tiene carácter de medida extrema de la política criminal, por lo que el ministerio público tiene la posibilidad de utilizar medidas alternativas para restaurar el orden social fuera de la judicialización del caso.
Igualmente, el artículo 370.6 de la misma norma permite al ministerio
público aplicar criterios de oportunidad en casos de naturaleza
compleja, como el presente, cuando los imputados colaboran eficazmente
con la investigación, brindan información esencial, ayudan a esclarecer
los hechos o proporcionan información útil para comprobar la
participación de otros imputados. En cuanto a las operaciones de la
empresa brasileña en el país, el acuerdo establece que ministerio
público solicitará el levantamiento de las medidas cautelares que había
solicitado contra la empresa, incluyendo la de inhabilitación temporal
ante la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Las operaciones
En cuanto a las operaciones de la empresa brasileña en el país, el acuerdo establece que el ministerio público solicitará el levantamiento de las medidas cautelares que había solicitado contra la empresa, incluyendo la de inhabilitación temporal ante la Dirección General de Contrataciones Públicas.
En cuanto a las operaciones de la empresa brasileña en el país, el acuerdo establece que el ministerio público solicitará el levantamiento de las medidas cautelares que había solicitado contra la empresa, incluyendo la de inhabilitación temporal ante la Dirección General de Contrataciones Públicas.
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