El Reino Unido apuraba este lunes sus últimas
horas antes de iniciar la ruptura con su principal aliado, la UE, con su
integridad territorial en cuestión, después de que Escocia anunciara
que buscará otro referéndum de independencia.
Casi nueve meses después de que los británicos decidieran abandonar
la UE en el referéndum del 23 de junio, hartos de la inmigración -según
la lectura que hizo el gobierno de Theresa May-, el Parlamento se
dispone a dar permiso para empezar el divorcio con la aprobación, en las
próximas 24 horas, de la ley de ruptura.
Entre tanto, en el norte, la jefa del Gobierno regional escocés, la
nacionalista Nicola Sturgeon, anunció que solicitará permiso al
parlamento regional para convocar un nuevo referéndum de independencia
del Reino Unido.
"La semana que viene buscaré la autorización del parlamento para
llegar a un acuerdo con el Gobierno británico" para este referéndum, con
la idea de celebrarlo entre el otoño de 2018 y la primavera de 2019,
dijo Sturgeon, descontenta porque, afirmó, Londres no está teniendo en
cuenta las necesidades de Escocia en el Brexit.
La primera ministra británica, Theresa May, tiene que dar su acuerdo
al referéndum y, en su primera reacción, un portavoz suyo no descartó
explícitamente concederlo, pero estimó que "sería divisivo y causaría
incertidumbre económica en el peor momento". "Hay evidencias de que la
mayoría de los escoceses no quiere un referéndum", añadió el portavoz de
Downing Street.
Para Sturgeon, sin embargo, no hay opción. "No es sólo nuestra
relación con Europa la que está en juego, lo que está en juego es qué
clase de país seremos", dijo en un discurso en Edimburgo.
Además, advirtió a Londres de que no puede frenar el referéndum: "el
mandato del Gobierno escocés para ofrecer este paso está fuera de toda
duda".
En el primer referéndum, en septiembre de 2014, los escoceses
rechazaron la independencia (55%-45%). Dos años después, votaron
abrumadoramente (62%) a favor de seguir en la Unión Europea, pero a
nivel nacional se impuso la salida.
Si no hay sorpresas, la Cámara de los Comunes debatirá y aprobará el
proyecto de ley, que luego volverá a la Cámara de los Lores para su
lectura y votación final, todo ello este lunes. Inmediatamente después,
la reina Isabel II hará el resto dando el consentimiento real y
convirtiéndolo así en ley.
El mismo martes, May podría enviar la carta a Bruselas invocando el
Artículo 50 del Tratado europeo de Lisboa, que da inicio a dos años de
negociaciones para acordar los términos de ruptura.
"Lo que pasa luego es bastante simple", explicó a la BBC David Davis,
el ministro a cargo del Brexit. "La carta va al Consejo Europeo", la
institución que reúne a los jefes de Estado y de gobierno, "y el Consejo
tiene que decidir las directrices" de las negociaciones.
La UE aseguró que presentará su primer plan para las negociaciones en
un plazo máximo de 48 horas tras recibir la notificación de salida de
Londres, y que finalizará su estrategia en una cumbre el 6 de abril.
Luego, dos años de negociaciones. Según un informe interno del
Gobierno español, revelado por el diario El País, Madrid considera que
el elemento "más relevante" de las mismas es "el mantenimiento de la
libre circulación de trabajadores".
España alberga la mayor comunidad británica dentro de Europa, con
unas estimaciones no oficiales que hablan de entre 800.000 y un millón
de británicos instalados en el país.
Según cifras del informe, oficialmente hay 286.000 británicos en
España. Inversamente, hay más de 102.000 españoles en edad laboral en el
Reino Unido.
El informe cifra entre dos y cuatro décimas de crecimiento del PIB el
impacto del Brexit sobre la economía española, es decir entre 2.000 y
4.000 millones de euros, según El País, que no precisa la duración
prevista de ese efecto.
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