El grupo brasileño Odebrecht anunció ayer que usará los recursos
obtenidos con la venta de su filial de negocio ambiental al fondo de
inversiones canadiense Brookfield, concluida este martes, para "superar
la crisis" que atraviesa por su implicación en un escándalo de
corrupción de escala internacional.
El grupo brasileño informó en un comunicado de que destinará los
2.500 millones de reales (unos 800 millones de dólares) obtenidos con la
venta de su filial Odebrecht Ambiental en "la ejecución de un plano de
reestructuración empresarial" y en la "recuperación progresiva de todos
sus negocios".
De acuerdo con el negocio anunciado en octubre pasado y concluido
ayer, Brookfield asumirá el 70 % de las acciones de Odebrecht Ambiental
que estaban en manos de Odebrecht, mientras que el 30 % restante del
capital seguirá en manos del fondo FI-FGTS.
Además, Odebrecht cerró un acuerdo con los mayores bancos brasileños
para que los recursos de la venta "no sean utilizados para el pago
anticipado de las deudas" con esas mismas entidades financieras.
Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, es una de las empresas
implicadas en el gigantesco caso de corrupción destapado en el seno de
la petrolera estatal Petrobras.
Según comprobó la Fiscalía brasileña, Odebrecht y otras constructoras
importantes del país obtenían contratos amañados con Petrobras,
inflaban los valores y repartían las diferencias entre directores de la
petrolera estatal y partidos políticos que amparaban la corrupción y
legislaban a favor de estas empresas.
El pago de sobornos no se limitó a Brasil y se expandió de la mano de
Odebrecht por 12 países de Latinoamérica, incluido Brasil, y África,
según documentos publicados en diciembre por el Departamento de Justicia
de Estados Unidos.
El escándalo ha alcanzado a figuras importantes del panorama político
de la región, pues hay una orden de captura contra el expresidente
peruano Alejandro Toledo, declarado prófugo, y salpicado al también
exmandatario peruano Ollanta Humala y a los actuales gobernantes de
Panamá, Juan Carlos Varela, y Colombia, Juan Manuel Santos, entre otros.
Además de pedir disculpas públicamente, Odebrecht anunció en
diciembre pasado la firma de acuerdos por los que se comprometió a pagar
multas por 6.959,4 millones de reales (unos 2.200 millones de dólares) a
los Gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza para compensar los
actos ilícitos por los que se le investiga.
En paralelo, 77 exdirectivos firmaron un acuerdo de colaboración con
la Justicia en el que confesaron las prácticas corruptas llevadas a cabo
y a raíz del cual la Corte Suprema ha abierto 76 investigaciones contra
casi 100 políticos brasileños con fuero privilegiado, entre ellos ocho
ministros del Gobierno del presidente Michel Temer.
"No vamos a olvidar el pasado. Estamos pagando caro por nuestros
errores, pero estos acuerdos nos permiten invertir en la liquidez y en
la recuperación de los negocios de construcción e infraestructura",
señaló el presidente de Odebrecht, Newton de Souza, citado en el
comunicado.
Newton de Souza agregó que, tras el "impacto" que ha provocado el
escándalo, la "relación (del grupo) con el poder público no volverá a
ser la misma" ya que ahora tienen los instrumentos para responder "a
cualquier insinuación o amenaza de corrupción".
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