Venezuela anunció ayer que activará el proceso para salir de la OEA
en respuesta a la decisión que tomaron 19 países de la organización para
convocar a un encuentro de cancilleres y debatir la crisis del país
suramericano.
En una transmisión desde el palacio presidencial, la canciller
venezolana Delcy Rodríguez dijo que Caracas presentará la carta de
denuncia de la OEA a partir del jueves e iniciará un proceso que tardará
24 meses para salir de la organización.
El artículo 143 de la Carta de la OEA estipula que cualquier Estado
miembro podrá notificar por escrito al secretario general su intención
de retirarse y que transcurridos dos años el Estado quedará desligado
después de haber cumplido con sus obligaciones.
Caracas adeuda actualmente 10,5 millones de dólares, ya que desde
hace varios años no cotiza su cuota anual de 1,8 millones de dólares.
Al rechazar la decisión de Consejo Permanente, Rodríguez afirmó que
lo que se pretender es “intervenir” y “tutelar” a Venezuela y sostuvo
que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no aceptará esas acciones.
Asimismo, la canciller indicó que a partir de ahora Venezuela no
participará en ninguna actividad de la organización en la se pretenda
posicionar el “intervencionismo” y el “injerencismo” de las naciones
que, sostuvo, buscan “perturbar la estabilidad y la paz” de su país.
La decisión de Venezuela de salir de la OEA, a la que ingresó en 1948
como miembro fundador, se da el mismo día de una nueva jornada de
protestas en Caracas y en un contexto creciente tensión política que por
las manifestaciones ha dejado 29 muertos y más de 437 heridos. Maduro
ha rechazado las acciones de sus adversarios, a los que ha acusado de
promover acciones violentas para dar un golpe de Estado.
Minutos antes, cuando el Consejo Permanente de la OEA anunció su
decisión de convocar a la reunión, no se especificó fecha ni lugar.
Dante Negro, director del Departamento de Derecho Internacional de la
OEA, dijo antes de la votación que este encuentro no forma parte del
procedimiento estipulado en la Carta Democrática Interamericana como
paso previo para una posible suspensión de un Estado miembro donde haya
ocurrido una alteración del orden constitucional que afecte gravemente
su orden democrático.
El viceministro venezolano para América del Norte Samuel Moncada no
aportó detalles sobre la posible salida de la OEA y rechazó la
resolución alegando que representa una intromisión en asuntos internos.
“Ayuda forzada no es ayuda, es imposición”, dijo.
Moncada dijo que su gobierno ha pedido que los cancilleres se reúnan
en cambio el 2 de mayo en El Salvador en el marco de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), alegando que representa un
foro sin las presiones de Estados Unidos.
Sin embargo, la canciller argentina Susana Malcorra defendió a la OEA
como el lugar idóneo. “¿Por qué algo de suma gravedad en el CELAC no lo
sería en la OEA”, se preguntó. “Esto no es intromisión en asuntos
internos. Es nuestra responsabilidad colectiva”.
El miércoles temprano, miles de manifestantes salieron a marchar por
Caracas y poco después de que los opositores tomaran la autopista
principal, centenares de policías y guardias nacionales comenzaron a
lanzar gases lacrimógenos y balas de goma para bloquearles el paso.
En medio de la represión resultó herido el manifestante Juan Pablo
Pernalete Llovera, de 20 años, quien falleció a consecuencia de un golpe
que recibió por una bomba lacrimógena, anunció el dirigente opositor y
excandidato presidencial, Henrique Capriles, en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el gobernador oficialista del estado suroccidental del
Táchira, José Vielma Mora, dijo a la televisora local que el trabajador
Efrain Sierra, de 28 años, murió la víspera por disparo de arma de fuego
en el estómago. Sierra recibió el tiro en medio de una manifestación en
ese municipio, con lo que se elevaron a 29 los fallecidos en las
protestas que sacuden al país sudamericano.
“Se equivoca Nicolás Maduro si piensa que a punta de represión va a
frenar al pueblo”, dijo la noche del miércoles el presidente del
Congreso, Julio Borges, al acusar al gobierno y los cuerpos de seguridad
de utilizar la “fuerza bruta” y la “violencia” para reprimir las
manifestaciones opositoras.
Borges ratificó que la oposición se mantendrá en las calles para
enfrentar el “golpe de Estado” que aseguró que dio Maduro con las
decisiones que emitió el mes pasado el Tribunal Supremo de Justicia
contra el Congreso.
La tensión política ha desatado una espiral de violencia que ha
dejado más de 1.000 detenidos de los cuales 65 permanecen bajo arresto y
otros 217 serán presentados ante los tribunales.
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