En estos días la sociedad dominicana ha sido conmovida por la
solicitud de la Procuraduría General de la República de imponer medidas
de coerción a varios ex-funcionarios y legisladores, tanto del partido
oficial como de la oposición, por presuntamente haber aceptado el pago
de sobornos en contraprestación para la adjudicación de obras de
infraestructura.
De conformidad con el acto de solicitud de la medida de coerción, en
diciembre del 2016, la empresa multinacional constructora Norberto
Odebrecht, había suscrito un acuerdo con el Ministerio Público Federal
de Brasil, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la
Procuraduría General de Suiza, en el que reconocía que durante los años
2001 al 2014 había realizado pagos en distintos países, con el fin de
facilitar o asegurar la adjudicación de contratos para la construcción
de obras de infraestructura.
Casi al mismo tiempo en que las autoridades judiciales dominicanas
actuaban frente al denominado caso Odebrect, igual ocurría en Ecuador,
en el que cinco ex-funcionarios también fueron acusados por el
Ministerio Público de ese país sudamericano de haber incurrido en
actividades ilícitas vinculadas a la empresa brasileña.
Pero, con anterioridad, ya se habían desatado, de igual manera,
persecuciones en contra de funcionarios y ex-funcionarios en Perú,
Panamá, Colombia, México, Argentina y Chile.
Era algo sin precedentes en la historia judicial de América Latina.
Normalmente, los casos tienen lugar dentro del ámbito territorial de
un país, dentro de su jurisdicción nacional, o a lo sumo, entre dos
países.
Pero ahora, como consecuencia de las reveladas actuaciones de
Odebrecht, una empresa multinacional, de origen brasileño, se creaba una
situación novedosa que desborda las fronteras nacionales.
Aunque hay razones para molestarnos e indignarnos, por la todavía
falta de transparencia y debilidades en los mecanismos institucionales
de rendición de cuentas, lo que ha acontecido es algo de una gran
complejidad. Es algo sin antecedentes. Es la entrada a una nueva etapa
transnacional del delito de cuello blanco, guiada por empresas
multinacionales.
Corrupción dominicana
En la República Dominicana, como en el resto de América Latina y el Caribe, la corrupción es tan antigua como nuestra propia historia.
En la República Dominicana, como en el resto de América Latina y el Caribe, la corrupción es tan antigua como nuestra propia historia.
En una aguda observación hecha en su libro, Crisis de la Democracia
de América en la República Dominicana, el profesor Juan Bosch escribió:
¨En los países de América Latina, con muy pocas excepciones, gobernantes
y gobernados ejercen la corrupción en la forma más natural, y la
corrupción no se limita al robo de fondos públicos sino que alcanza a
otras manifestaciones de la vida en sociedad.¨ Luego, refiriéndose a su
período de gobierno, afirmó: ¨Durante años y años, la corrupción había
sido rampante, descarada y organizada desde lo más alto del poder
público; no iba a ser fácil, pues acabar con ella.¨ Corrupción hubo
durante la dictadura de Trujillo. Es más, se afirma que durante esa
época ni siquiera existía la República Dominicana.
Lo que había era una Compañía por Acciones, propiedad de Trujillo, que llevaba el nombre de República Dominicana.
Durante la etapa del presidente Joaquín Balaguer, el saqueo de fondos
públicos llegó, en un momento dado, a niveles tan alarmantes, que el
propio mandatario llegó a decir, en frase célebre, que la corrupción
sólo se detenía en la puerta de su despacho.
Yo mismo, hace más de 20 años, cuando fui escogido, por primera vez,
como candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana,
llegué a consignar que el valor monetario de la corrupción en la
República Dominicana era equivalente a cerca de 30 mil millones de
pesos.
La corrupción, pues, a lo largo del tiempo, ha sido un elemento
intrínseco de la vida pública en la República Dominicana, así como, en
mayor o menor medida, en la generalidad de los países de América Latina.
Ahora bien, dentro de ese marco, ha sido el Partido de la Liberación
Dominicana la organización política que, desde el poder, mayores
contribuciones ha realizado para crear la estructura legal que haga
efectiva la lucha contra la corrupción.
Fue en el artículo 46 de la Constitución del 2010, auspiciada por el
PLD, que por vez primera se estableció, en forma clara y precisa en un
texto constitucional, la condena a toda forma de corrupción en los
órganos del Estado; la obligatoriedad de la declaración jurada; la pena
de degradación cívica a las personas condenadas por delitos de
corrupción; y la ampliación de los plazos de prescripción para su
persecución.
Fue en los gobiernos del PLD que se aprobó la Convención de Naciones
Unidas contra la Corrupción; la Convención Interamericana contra la
Corrupción; la Ley de Función Pública; La Ley de Contraloría; la Ley de
la Cámara de Cuentas; la Ley de Presupuesto; la Ley sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones; la Ley de
Libre Acceso a la Información Pública; la Ley Contra el Lavado de
Activos; la que instituye el Código de Ética del Servidor Público; la
creación de Comisiones de Ética Pública; la creación del Consejo Asesor
en Materia de Lucha Anticorrupción de la Presidencia de la República; la
reforma y modernización de la justicia; y la elaboración del nuevo
Código Penal, así como del nuevo Código de Procedimiento Penal.
En fin, a pesar de las debilidades institucionales aún existentes y
de la justa indignación de importantes sectores de nuestra sociedad con
respecto al flagelo de la corrupción, también es válido reconocer el
aporte realizado por los gobiernos del PLD a la creación del entramado
legal que permita su prevención, persecución y condena.
Corrupcion universal Pero no es sólo en la República Dominicana o en América Latina y el Caribe donde existe corrupción.
También hay corrupción en Rusia, donde luego del desplome de la
primera revolución socialista del mundo, apareció una mafia rusa con
ramificaciones en distintas partes del mundo.
En China persiste la corrupción, a pesar de que se han ejecutado
personas por ese hecho y a otras se les ha condenado a prisión de por
vida. Los antiguos países de la órbita socialista de Europa oriental se
encuentran entre los más corruptos del viejo continente, como son los
casos de Bulgaria, Rumanía, Polonia, la República Checa y Eslovaquia.
Pero algunos de los países de Europa occidental, que tienen siglos de
civilización, tampoco escapan al contagio de la peste social de
nuestros tiempos. Tal es el caso de Italia, España y Grecia, pero
también de Alemania y Francia.
En los Estados Unidos, los principales bancos del país son
sorprendidos continuamente en la comisión de prácticas dolosas, como ha
ocurrido con Wells Fargo; JP Mogarn Chase o Citigroup.
La opinión pública internacional quedó estupefacta cuando se enteró
de que las agencias calificadoras de riesgo otorgaban categoría Triple-A
a los bonos creados con las hipotecas subprime o de alto riesgo, que
llevaron a la ruina el sistema financiero internacional en el 2008; o
cuando se destapó el escándalo Libor de manipulación de las tasas de
interés en los préstamos interbancarios.
Empresas de gran prestigio internacional como la norteamericana
Enron; la italiana Parmalat; y la alemana Siemens, se han visto
envueltas en grandes escándalos por falta de transparencia en sus
ejecutorias.
Hasta la Federación Internacional de Futbol, la famosa FIFA, no pudo
patear el balón con transparencia y fue descubierta en una práctica
continua, de años, de fraude, sobornos y lavado de activos.
Como podrá observarse, la corrupción está extendida por todo el
planeta, y es tan vieja en su práctica que resulta incluso anterior a la
época de cuando la Iglesia vendía el perdón de los pecados, es decir,
las llamadas bulas de indulgencia, lo que provocó a tal grado la ira de
Martin Lutero que terminó dando origen a la Reforma Protestante.
Ahora, en esta segunda década del siglo XXI, lo que ocurre es que
debido a la magnitud, el perfil de los actores y la mayor visibilidad y
frecuencia de actos de corrupción, las sociedades se han tornado más
sensibles, y exigen, con razón, que se haga justicia.
Pero, además, se han desatado, en el ámbito internacional, nuevas
dinámicas económicas, sociales y políticas como consecuencia de los
persistentes niveles de desigualdad social; la expansión de una clase
media urbana políticamente activa; las nuevas técnicas de comunicación y
de movilización social; y el empoderamiento ciudadano y de
organizaciones de la sociedad civil fruto de la nueva institucionalidad
proclive a la transparencia.
Mientras tanto, en lo que atañe al expediente del caso Odebrecht, del
que se encuentra apoderado un Juez de la Instrucción Especial de la
Suprema Corte de Justicia, de lo que se espera es que el órgano judicial
actúe, tal como se consagra en los Principios Fundamentales del Código
Procesal Penal, con absoluta imparcialidad e independencia; en base al
principio de presunción de inocencia: y sujeto al criterio de legalidad
de las pruebas.
Y así, se hará justicia.
CONTROL
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