El ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, indicó que
el vertedero de Duquesa seguirá operando “por las buenas o por las
malas”.
“Que quede claro, Duquesa no se cierra, no habrá cambios de horarios,
nadie podrá tomar una decisión que ponga en peligro la salud de la
gente de Santo Domingo. He dicho por las buenas o por las malas, militar
o no Duquesa está abierto, se mantienen los horarios establecidos y el
Ministerio garantiza que ningún conflicto de cualquier naturaleza va a
afectar los intereses ciudadanos”, afirmó el ministro.
Domínguez Brito advirtió que no va a permitir que se ponga en riesgo
la salud de los ciudadanos del Gran Santo Domingo, por lo que considero
“intereses de particulares que manejan el vertedero de Duquesa”.
El funcionario consideró como irrespetuosa y desafiante la decisión de limitar el horario de servicios.
Las declaraciones fueron ofrecidas previo la reunión de la
Mancomunidad de los Ayuntamientos y el equipo de Dominicana Limpia, en
la que participaron además el presidente del organismo, René Polanco;
Onfre Rojas, el director; el representante de Dominicana Limpia, Jorge
Luis Bisonó, alcaldes y otros funcionarios.
Decisión de tribunal
Mientras, la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) sometió por ante la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia un recurso que busca que la Corte de Casación revoque una decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA), sobre la anulación del contrato de concesión para la administración del Vertedero de Duquesa, otorgado por el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte a la empresa Lajun Corporation.
Mientras, la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) sometió por ante la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia un recurso que busca que la Corte de Casación revoque una decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA), sobre la anulación del contrato de concesión para la administración del Vertedero de Duquesa, otorgado por el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte a la empresa Lajun Corporation.
Trajano Potentini, presidente de la FJT, explicó que la Segunda Sala
del TSA, dos años después de haber sido apoderada por esa organización,
se destapó con una sentencia que desconoce la calidad de la sociedad,
para, a través de los mecanismos establecidos en las leyes, ejerza el
control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso
de los fondos públicos, según lo dispuesto en el artículo 246 de la
Constitución.
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