San José de Ocoa.- El
pasado lunes 24 de julio, la Directora Nacional de Defensa Pública,
Dra. Laura Hernández Román, dejó formalmente inaugurada, la Nueva
oficina de Defensa Pública en esta ciudad, en la actividad contó con la
bendición especial de un Presbítero de la Comunidad, seguido de las
palabras de la Directora Nacional.
En su discurso la Directora dijo, que con esta
inauguración se está cumpliendo una deuda con la comunidad de este
distrito judicial y con el Departamento Judicial de San Cristóbal, “a San
José de Ocoa, le ha llegado el verdadero acceso a la Justicia, pues
sólo la existencia de la Defensa Pública lo garantiza. Nos hemos
distinguido en brindar un servicio con mística y vocación de servicio; y
al que todos tienen acceso sin restricción alguna. Somos el brazo
humano de la justicia. Y justamente nuestra institución provee a los
ciudadanos los mecanismos básicos para el disfrute de sus derechos
fundamentales, entre éstos el respeto a la libertad. Todo esto, puesto
que luego de la vida, la libertad constituye el bien más preciado que
tiene una persona, y éste es el bien jurídico que protegemos.”
Es
bueno saber que esta oficina comenzó a operar el día 1ro. de junio del
presente año. Constituyéndose en la oficina 27 que ha sido inaugurada en
estos años, y completaremos con 28 oficinas abiertas con la próxima
inauguración de la oficina de Defensa Pública en Las Caobas, Provincia
de Santo Domingo.
Hernández
Román argumentó, que a pesar de los esfuerzos que se han realizado,
restan por abrir oficinas en ocho (8) distritos judiciales. “… El
servicio de Defensa Pública se ofrecerá en todo el territorio nacional
atendiendo a los criterios de gratuidad, fácil acceso, igualdad,
eficiencia y calidad, para las personas que por cualquier causa no estén
asistidas por abogado”.
Asimismo, replicó que “desde
la Defensa Pública nos preocupan las medidas de coerción de prisión
preventiva que con mucha frecuencia se imponen, de manera
desproporcionada. Lo que no se apega a nuestra Constitución, que
establece en el artículo 40.9, que: “Las medidas de coerción,
restrictivas de la libertad personal, tienen carácter excepcional y su
aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de apegarse a
los principios constitucionales”. Tal es el caso que hemos denunciado
de Barba Pie y/o Franco Estama, nacional haitiano, quien supuestamente
sustrajo siete (7) libras de yuca de una finca donde trabajaba; a quien
se le impuso tres (3) meses de prisión preventiva. Por lo que, se trata
de un “robo famélico”, de alguien que “robo por hambre”. En este caso
se violentó el principio de la excepcionalidad de la prisión preventiva,
pues es una excepción a la regla general que es la libertad. Tampoco se
aplicó el test de proporcionalidad para la
aplicación de esta medida y así poder determinar la Idoneidad,
necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de la medida aplicada”.
Resaltó, “que
en la actualidad hemos podido presenciar casos de mayor relevancia, en
los cuales el interés y el supuesto daño causado a la sociedad ascienden
a cuantiosas sumas. Y sin embargo los involucrados en estos procesos se
le han otorgados medidas de coerción diferentes a la prisión
preventiva.
Además, mostró preocupación pues Defensa
Pública a nivel nacional, hasta el mes de junio 2017 ha conocido 71
casos, de 30 años de reclusión mayor, siendo sólo los casos que lleva la
Defensa, lo que indica que la cantidad de personas condenadas a nivel
nacional con una pena tan drástica es mucho mayor. Las condenas de 30
años en un Estado como el nuestro significan varias cosas: Que el Estado
no ha cumplido con su rol de protección efectiva de los derechos de las
personas; o el ciudadano que ha sido procesado por un delito que
amerita una pena de esta naturaleza no ha correspondido a lo que la
sociedad le ha proporcionado a través de las instituciones del Estado; o
considerando que apartándolo de la sociedad todo ese tiempo la persona
podrá reflexionar, arrepentirse del hecho cometido y cuando cumpla su
pena pueda “reinsertarse a la sociedad” con una conducta diferente.
Para concluir la Directora calificó, de deplorable la condición de las
cárceles, ausencia o escasez de programas de educación, talleres,
deportes, recreación, etc, agregando, que es prácticamente imposible
que una persona se reintegre a la sociedad, pues está muerto moral y
socialmente, nadie la va a dar un empleo, ni siquiera puede obtener un
certificado de buena conducta para optar por el mismo.
En se mismo orden animó a los miembros de la oficina de San José de Ocoa, a hacer suyo el lema del año 2017: “año de la responsabilidad en la Defensa Pública”, poner
siempre el empeño y la vocación de servicio con que se distingue la
institución. Luchando siempre por los derechos de nuestros usuarios.
Termino con la frase de Martin Luther King: “La injusticia, en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes”.
La
actividad contó con la participación del Coordinador de la Defensa
Pública de San Cristóbal, de San José de Ocoa, y demás coordinadores de
la institución, jueces, miembros del Ministerio Público, autoridades
civiles y militares.
La presente remodelación fue realizada con total trasparencia y en cumplimiento con la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concepciones para la remodelación de la oficina que hoy dejamos formalmente inaugurada.
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