Un grupo de 53 soldadores especializados
interpuso una demanda laboral contra el Consorcio Odebretch/ Tecnimont/
Estrella, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y
la reclutadora de personal RATZ Consulting a quienes acusan de un
desahucio irregular.
Los trabajadores de nacionalidad colombiana, reclaman el reintegro a
sus puestos de trabajos, el pago de los salarios y derechos adquiridos y
en reparación de daños y perjuicios.
En una nota enviada a los medios de comunicación, los trabajadores
extranjeros alegan que fueron traídos al país para laborar como
soldadores industriales en el proyecto Punta Catalina con un contrato de
trabajo que les garantiza permanecer en sus labores por un periodo de
20 meses y fueron desahuciados cuando solo tenían 3 meses de trabajo.
La
demanda fue interpuesta por los abogados Lionel Correa Tapounet, Juan
Ramón Rosario Contreras y Joaquín Luciano ante la Cámara Civil,
Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de Baní en mayo pasado y
será conocida en audiencia de fondo el jueves de esta semana, 31 de
agosto.
Los abogados de los demandantes sostienen que “estos trabajadores
fueron contratados por un periodo de 20 meses, por lo tanto debía
garantizarse ese período a menos que hubiera algún incumplimiento o
falta por parte del trabajador, que no la hubo”.
Detallan que “por ser un contrato cerrado a 20 meses no aplica el
desahucio. Si la empresa entendía la existencia de una falta por parte
de los trabajadores el trámite procedente era un despido, pero un
despido obliga al empleador a invocar una causa, alegar una razón,
notificarla al Ministerio de Trabajo y probarla ante un tribunal. De no
ser aprobado, se declara injustificado el despido y se condena al
empleador a pagar prestaciones laborales”.
Los trabajadores fueron contratados con un salario de US$1400
mensuales por un período de 18 a 20 meses según el caso. Han interpuesto
una demanda que en conjunto asciende a más de US$1,700,000 por
prestaciones laborales, más US$100,000 para cada soldador por daños y
perjuicios. Estos reclamos suman US$7.0 millones.
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