El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da
Silva declarará de nuevo este miércoles ante la Justicia como imputado
por supuesta corrupción, en un momento en el que las acusaciones en su
contra se multiplican y alguno de sus aliados han decidido cargar con
él.
Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, rendirá cuentas por
segunda vez ante el juez federal Sergio Moro, encargado del caso
Petrobras, en los juzgados de primera instancia de Curitiba, donde se
concentran las investigaciones de la enorme trama corrupta que operó en
la petrolera estatal.
En esta causa penal, una de las seis que afronta -la mayoría
relacionadas con Petrobras-, la Fiscalía denunció a Lula por corrupción
pasiva y lavado de dinero y le acusó de recibir sobornos del grupo
Odebrecht, una de las empresas implicadas en la red corrupta, a través
del exministro Antonio Palocci, hoy preso.
Los sobornos, que según la querella se acercan a los 13 millones de
reales (unos 4,2 millones de dólares), se habrían destinado a la compra
del terreno que ocuparía la sede del Instituto Lula y un ático vecino a
su residencia particular en la ciudad de Sao Bernardo do Campo.
La expectativa para esta segunda cita en los juzgados de Curitiba es
menor que la que tuvo lugar el pasado 10 de mayo, cuando Lula prestó
declaración en otro proceso por el que luego fue condenado a nueve años y
medio de prisión, decisión recurrida en un tribunal de segunda
instancia.
Las autoridades han planificado un dispositivo menor que la pasada
vez, pero igualmente notable, con más de mil policías y otros agentes de
distintos órganos, quienes velarán por la seguridad antes y después de
la audiencia, prevista para las 14.00 hora local (17.00 GMT).
Según
las previsiones, unos 50 autobuses llegarán a la capital del estado de
Paraná con cerca de cinco mil manifestantes, tanto a favor como en
contra del que fuera faro de la izquierda latinoamericana.
La situación del popular líder es, sin embargo, peor que la última
vez que se vio las caras con Moro, quien dijo que no decretó la prisión
de Lula en julio pasado para evitar "ciertos traumas".
Pero los traumas para Lula no cesan con tres nuevas denuncias más
presentadas por la Fiscalía tan solo este mes y el golpe que supuso la
acusación de uno de los hombres fuertes de su gobierno, Antonio Palocci,
reo también en este caso.
El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, denunció la semana pasada
a Lula por obstrucción a la Justicia y asociación ilícita, junto a la
expresidenta Dilma Rousseff y a la cúpula del partido del Partido de los
Trabajadores (PT).
Lula, que aparece primero en los sondeos electorales y ha manifestado
su intención de presentarse a los comicios presidenciales de 2018, fue
denunciado también en la víspera por la Fiscalía por sospechas de haber
editado una ley a cambio de sobornos para favorecer a empresas
automotrices.
Además está sujeto a varias investigaciones a partir de las
confesiones de 77 exdirectivos de Odebrecht, cuyo contenido sacudió los
cimientos de la democracia brasileña y hasta salpicó al presidente
Michel Temer.
El cerco a Lula, de 71 años, se estrecha aún más después de que
Palocci, que también fue ministro en el Gobierno de Rousseff,
incriminase al exgobernante en el cobro de coimas.
De acuerdo con el testimonio a la Justicia de Palocci, Emilio
Odebrecht, patriarca del grupo Odebrecht, abordó a Lula a finales de
2010, en los últimos días de su segundo mandato, para hacer un "pacto de
sangre" que incluía un "paquete de sobornos".
Ese supuesto "paquete" envolvía regalos personales, conferencias
pagadas a 200.000 reales (unos 64.000 dólares) y una reserva 300
millones de reales (unos 100 millones de dólares) que estarían
disponibles para las campañas electorales del PT.
Lula, que acaba de darse un baño de masas en la región nordeste de
Brasil con una gira de 20 días, dice sufrir una "persecución" judicial y
política y que luchará en 2018 por "devolver la democracia" al pueblo
brasileño, siempre y cuando la Justicia no se lo impida.
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