La Procuraduría General de la República acusó al
extitular de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio, de haber
manejado las transacciones ilícitas del soborno transnacional de US$3.5
millones otorgado por los ejecutivos de la empresa Brasileira de
Aeronáutica S.A (Embraer), para la compra de ocho aviones Super Tucano y
ser la persona que dominó todo lo concerniente al proceso de
compraventa realizada en el 2007.
En la acusación, presentada el martes de la semana pasada, a través
de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa, se establece que Peña Antonio se valió y asistió de su
socio y subalterno, coronel Carlos Ramón Piccini Núñez, a quien señala
como la persona que dio la cara en las negociaciones ilícitas y coordinó
todo lo relativo a la percepción y entrega del dinero para el soborno.
Los investigadores determinaron, según la acusación del ministerio
público, que en la época cuando Peña Antonio ocupó altos cargos
militares de administración, registró un enriquecimiento patrimonial
permanente, ascendente e injustificado, entre los años 2006 al 2012.
Subraya que conforme a la declaración jurada hecha el 15 de septiembre
de 2008, su mayor salario ascendía a RD$75,101 mensuales como secretario
de las Fuerzas Armadas, cuya suma representaba RD$1,952,626 en los dos
años que permaneció en el cargo.
Expone
que un análisis de los productos financieros del imputado, y de su
esposa, en base a informaciones de la Superintendencia de Bancos, reveló
que entre el 1 de enero de 2008 hasta diciembre de 2016, Peña Antonio
movilizó cerca de RD$171,630,922.25 y US$283,780.03. Indica que a su
paso por la administración pública incrementó su patrimonio palpable,
exorbitante y, sobre todo, injustificablemente, adquiriendo 13 inmuebles
millonarios para sí y familiares, por valor de RD$50 millones.
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