El juez coordinador de los juzgados de la Instrucción del Distrito
Nacional fue designado para conocer todas las medidas relacionadas con
el congelamiento preventivo de bienes provenientes del lavado de activos
y financiamiento del terrorismo.
El magistrado José Alejandro Vargas fue designado por el Consejo del
Poder Judicial, por poseer las experticias en el tema Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo y sus reglamentos.
Asimismo, el consejo designó a la jueza del Séptimo juzgado de la
Instrucción, Kenya Romero, enlace del Poder Judicial para todo lo
referente en las mesas multisectoriales con el Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI).
Las designaciones fueron otorgadas en virtud de las Resoluciones del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, contenido en la Ley 155-17,
contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y sus
reglamentos.
El artículo 73 del Código Procesal Penal dispone que corresponde a
los jueces de la Instrucción resolver todas las cuestiones en las que la
ley requiera la intervención de un juez durante el procedimiento
preparatorio, dirigir la audiencia preliminar, dictar las resoluciones
pertinentes y sentencia conforme a las reglas del procedimiento
abreviado.
El consejo, presidido por el también presidente de la Suprema Corte
de Justicia, Mariano Germán, dispuso que la medida fuera comunicada a
los Juzgados de la Instrucción, Tribunales y Cortes de Apelación Penales
y al Procurador General de la República.
También a la Dirección General de la Carrera Judicial, al Comité
Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, a
la Unidad de Análisis Financiero y al Comité Nacional
Antiterrorista.Sostiene que la República Dominicana está comprometida
con la preservación de la seguridad nacional y la necesidad de luchar
contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.
Destaca el país es compromisario de las 40 recomendaciones del Grupo
de Acción Financiera Internacional (GAFI) y adopta las realizadas por el
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), para prevenir y
combatir el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de
actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo.
Plantea también que la Convención Interamericana contra el Terrorismo
tiene por objeto prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo a través
de medios compatibles con la vigencia del Estado de Derecho y las
libertades públicas.
De igual modo, que la lucha antiterrorista debe concebirse con un
alto grado de eficacia y discreción, para que afecte lo menos posible el
desenvolvimiento del comercio, la empresa y el turismo, así como el
desarrollo de la ciencia y la tecnología.
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