La Procuraduría General de la Nación de Colombia informó ayer que
abrió una investigación formal contra ocho congresistas dentro de los
procesos por los escándalos de corrupción de la constructora brasileña
Odebrecht y la Corte Suprema de Justicia, entre otros.
Los investigados son los senadores Francisco Andrade y Yamina Pestana
(Partido Conservador), el detenido Musa Besaile y Plinio Olano (Partido
de la U), Álvaro Ashton (Partido Liberal) y Antonio Guerra de la
Espriella (Cambio Radical), así como los representantes a la Cámara
Tatiana Cabello (Centro Democrático) y el exrepresentante Ciro Rodríguez
Pinzón (Partido Conservador).
Según el ente de control, el proceso tiene relación con las coimas de
Odebrecht, el desvío de dineros de la EPS Indígenas Manexka, la
petición de dineros de congresistas a los integrantes de sus Unidades de
Trabajo Legislativo (UTL) y el supuesto pago de dinero a magistrados de
la Corte Suprema de Justicia para influir en sus decisiones.
La
información agrega que a Guerra de la Espriella, Olano y Rodríguez
Pinzón se les investiga por supuesta recepción de dineros para favorecer
la adjudicación de los proyectos de Odebrecht en la Ruta del Sol y
Ocaña-Gamarra.
Hasta el momento, por el caso de la concesión de la Ruta del Sol II y
su adición Ocaña-Gamarra han sido detenidos el exviceministro de
Transporte Gabriel García Morales, el exsenador Otto Bula y el exasesor
de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Juan Sebastián Correa,
además de los empresarios Enrique y Eduardo Ghisays, César Hernández y
Gustavo Urrego.
La primera condena por el caso Odebrecht en Colombia fue de siete años contra Enrique Ghisays por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Mientras tanto, a Andrade, Asthon y Besaile se les investiga por el escándalo de corrupción de la Corte Suprema de Justicia que los benefició con fallos judiciales a cambio de dinero.
A la senadora Pestana se le investiga por el presunto financiamiento de su campaña política al Congreso 2014-2018 con dineros de la EPS Indígenas Manexka.
"Las autoridades investigan un presunto saqueo que supera los 7.000 millones de pesos (unos 2,3 millones de pesos) con recobros injustificados, afiliados fantasma, personas fallecidas que seguirían recibiendo servicios, y un supuesto cartel de cirugías", dijo la Procuraduría.
Finalmente, el ente de control estudia las denuncias presentadas en contra de Cabello por recepción de dinero para engavetar un proyecto de ley que introducía cambios en el proceso de vinculación de empleados en empresas de vigilancia y solicitud de dinero a los integrantes de su UTL.
"Como parte de estas investigaciones se ordenó la recolección de pruebas, testimonios y visitas a los expedientes que adelantan la Comisión de Investigación y Acusación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación", explicó la Procuraduría.
La primera condena por el caso Odebrecht en Colombia fue de siete años contra Enrique Ghisays por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Mientras tanto, a Andrade, Asthon y Besaile se les investiga por el escándalo de corrupción de la Corte Suprema de Justicia que los benefició con fallos judiciales a cambio de dinero.
A la senadora Pestana se le investiga por el presunto financiamiento de su campaña política al Congreso 2014-2018 con dineros de la EPS Indígenas Manexka.
"Las autoridades investigan un presunto saqueo que supera los 7.000 millones de pesos (unos 2,3 millones de pesos) con recobros injustificados, afiliados fantasma, personas fallecidas que seguirían recibiendo servicios, y un supuesto cartel de cirugías", dijo la Procuraduría.
Finalmente, el ente de control estudia las denuncias presentadas en contra de Cabello por recepción de dinero para engavetar un proyecto de ley que introducía cambios en el proceso de vinculación de empleados en empresas de vigilancia y solicitud de dinero a los integrantes de su UTL.
"Como parte de estas investigaciones se ordenó la recolección de pruebas, testimonios y visitas a los expedientes que adelantan la Comisión de Investigación y Acusación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación", explicó la Procuraduría.
Los investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre y espontánea dentro del proceso.
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