Supremo español suspende hasta la próxima semana la declaración de 6 legisladores catalanes

jueves, 2 de noviembre de 2017

Las últimas noticias sobre la crisis política entre España y Cataluña. Todas las horas son locales.

12:30
La fiscalía española ha pedido a la Audiencia Nacional que envíe a prisión a nueve exmiembros del destituido gobierno regional de Cataluña, aunque planteó la posibilidad de que uno de ellos saliera bajo fianza.

La fiscalía hizo su petición después de que los exconsejeros del gobierno catalán declarasen ante la Audiencia Nacional por posibles cargos de rebelión, sedición y malversación.

El caso deriva de la declaración de independencia que hizo el parlamento de la región española el 27 de octubre.

La corte indicó que la fiscalía había pedido prisión incondicional para ocho de los investigados y prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros para el octavo. Uno de los ocho para los que se pedía prisión inmediata era Oriol Junqueras, ex vicepresidente de Cataluña.
El tribunal aún no había decidido sobre la petición.

El destituido expresidente catalán, Carles Puigdemont, y cuatro de los miembros de su gabinete estaban en Bélgica e ignoraron las citaciones judiciales para comparecer el jueves.

_ Se ha corregido este fragmento para indicar que la fiscalía pidió prisión incondicional para 8 exmiembros del gobierno catalán y prisión eludible bajo fianza para uno.

10:50
El Tribunal Supremo español suspendió el jueves hasta la próxima semana la declaración de seis legisladores catalanes investigados por rebelión por la declaración de independencia en la región.

Los seis, incluida la expresidenta del parlamento regional y destacada activista independentista Carme Forcadell, así como los 14 miembros del gobierno catalán, incluido el destituido expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, habían sido convocados por dos tribunales en Madrid y afrontan posibles cargos de rebelión, sedición y malversación.

El Supremo indicó que la vista a los seis miembros de la mesa del parlamento regional se aplazaba al 9 de noviembre tras una petición de sus abogados.

Mientras tanto, la vista a nueve miembros del destituido gabinete de Puigdemont continuaba en la cercana Audiencia Nacional.

Puigdemont y cuatro de sus antiguos consejeros están en Bruselas y han desoído las citaciones.

9:40
La expresidenta del parlamento catalán y destacada activista independentista Carme Forcadell llega al Tribunal Supremo español en Madrid para declarar en una investigación por rebelión.

Forcadell es una de los 20 legisladores catalanes convocados por dos tribunales tras la declaración de independencia que hizo el parlamento regional el 27 de octubre.

Forcadell era líder de la Asamblea Nacional Catalana, un grupo civil que fue durante mucho tiempo un importante impulsor del movimiento independentista.

Cinco de las 20 personas citadas, incluido el destituido expresidente regional, Carles Puigdemont, viajaron a Bruselas tras la declaración y se han negado a comparecer. Es probable que eso provoque la emisión de órdenes de arresto y solicitudes de extradición en su contra.

08:30
Varios parlamentarios y miembros del destituido gobierno regional de Cataluña estaban empezaban a comparecer el jueves ante cortes españolas en Madrid, donde afrontan posibles cargos por rebelión por haber declarado la independencia de la comunidad autónoma española.

Veinte políticos regionales, incluido el destituido expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, estaban citados a comparecer después de que el fiscal general del estado pidiera que presentaran cargos de rebelión, sedición y malversación en su contra.

Puigdemont, que está en Bélgica con cuatro miembros de su gabinete, dijo que ignorará la citación, lo que podría llevar a que se cursen una orden de arresto y una solicitud de extradición.

Entre los citados están los 13 miembros del antiguo gobierno catalán y seis miembros de la mesa del parlamento regional.

El número dos de Puigdemont, Oriol Junqueras, fue el primero en llegar a la Audiencia Nacional.

Los delitos que se investigan pueden conllevar hasta 30 años de prisión, según la legislación española.
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