Los diputados franceses aprobaron hoy la ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que supone la primera gran reforma social del Gobierno socialista y el cumplimiento de la primera gran promesa electoral en ese terreno del presidente, François Hollande.
El texto superó esta primera lectura con 329 votos a favor, 229 en contra y diez abstenciones.
Fue la culminación de 110 horas de un maratón parlamentario que comenzó el pasado día 30 y que estudió casi 5.000 enmiendas, pero que finalmente ha preservado lo esencial del proyecto gubernamental, que autoriza a los homosexuales a casarse y a adoptar hijos.
Harán falta todavía dos meses para que el texto entre en vigor y un nuevo debate en el Senado, que comenzará el 2 de abril próximo, pero todo indica que la mayoría de la izquierda en esa cámara será suficiente para legalizar las bodas homosexuales.
En la Asamblea Nacional, el intenso debate sobre la cuestión ha puesto de manifiesto que, salvo excepciones, la izquierda respalda masivamente el proyecto del Gobierno y que en la oposición conservadora son pocas las voces discordantes que discrepan del rechazo oficial.
En la derecha, el exministro sarkozysta Benoist Apparu votó a favor, al igual que el diputado Frank Riester, cabeza visible de la defensa de los derechos de los homosexuales en la derechista UMP.
Nathalie Kosciusko-Morizet, portavoz electoral de Nicolas Sarkozy en las pasadas presidenciales, y Bruno Le Maire, responsable del programa del expresidente en esos comicios, se abstuvieron en la votación con el argumento de que, pese a apoyar el matrimonio homosexual no estaban de acuerdo con la adopción.
Entre los centristas, aunque la mayoría votó en contra del texto, dos antiguos miembros del Gobierno de Sarkozy votaron a favor, el exnúmero dos del Ejecutivo Jean-Louis Borloo, además de Yves Jégo.
En la izquierda también se produjeron algunas disidencias significativas, como la del diputado Jérôme Lambert, sobrino nieto del expresidente socialista François Mitterrand.
Aunque el grueso de la oposición procedente de las filas socialistas llegó de los diputados de las circunscripciones ultramarinas, muy marcados por la elevada religiosidad de estos territorios y que, o se ausentaron de la votación o se pronunciaron en contra.
El sufragio puso fin a una intensa actividad parlamentaria que, de forma ininterrumpida, debatió un texto que, en las últimas semanas, los conservadores decidieron convertir en su punta de lanza de su oposición al Gobierno socialista.
Los encendidos debates entre la ministra de Justicia, Christiane Taubira, y el presidente del grupo parlamentario de la UMP, Christian Jacob, en ocasiones durante la madrugada, han alimentado la crónica política de las dos últimas semanas.
Pero la derecha no logró modificar lo esencial de un texto que reconoce a las parejas del mismo sexo la posibilidad de casarse con las mismas condiciones que las parejas heterosexuales, incluida la adopción.
El Gobierno no introdujo finalmente en el proyecto la opción de reconocer a las parejas de lesbianas la posibilidad de acudir a un embarazo asistido para tener hijos.
Esa práctica, que constituye una de las reivindicaciones de las asociaciones homosexuales, ha quedado reservada para una nueva ley sobre la familia que el Ejecutivo presentará en las próximas semanas.
Taubira, sin embargo, mostró su total oposición a que la ley autorice a acudir a un vientre de alquiler para tener hijos.
La posibilidad de que las parejas del mismo sexo tengan hijos reconocidos por ambos padres ha sido el principal caballo de batalla de los opositores al texto.
Derrotados en la Asamblea y con pocas opciones de ganar en el Senado, su batalla se centra ahora en la calle, donde han convocado una segunda gran manifestación para el próximo 24 de marzo donde esperan superar la del pasado 13 de enero, cuando dijeron haber reunido en París a un millón de personas, 340.000 según la policía.
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