El juez argentino Claudio Bonadio dictó ayer el procesamiento de la
expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), así como de sus hijos y
varios empresarios de la obra pública, a quienes prohibió salir del
país, por lavado de dinero cometido supuestamente a través de una
empresa familiar.
El magistrado considera a la ex jefa de Estado, sobre la que ordenó
un embargo por 130 millones de pesos (8,44 millones de dólares),
"penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación
ilícita en calidad de jefe", el cual concurre "en forma real con el
delito de lavado de activos de origen ilícito" agravado por ser
funcionario público y por "negociaciones incompatibles".
Tanto Máximo como Florencia, hijos que Fernández tuvo con el fallecido
expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), fueron también acusados por
Bonadío de encabezar esa supuesta asociación ilegal.
La causa en la que investiga a la inmobiliaria Los Sauces -propiedad
de los Kirchner- surgió en abril de 2016 a raíz de una denuncia
presentada por la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer
contra Fernández y sus hijos, en la que les acusaba de falsificación de
documentos públicos, cohecho y lavado de dinero en supuestas
transacciones ilícitas con los empresarios Cristóbal López y Lázaro
Báez, también procesados hoy Bonadio.
A ambos el juez les considera penalmente responsables de los delitos
de tomar parte de esa asociación ilícita en calidad de organizadores.
Además, entre todos los imputados cuyo procesamiento se hizo efectivo
este martes se encuentra la sobrina de la ex jefa de Estado Romina
Mercado, quien desde 2015 fue presidenta de Los Sauces.
La acusación apunta a que pudo utilizarse Los Sauces, dedicada al
alquiler de inmuebles y creada en 2006 por el matrimonio presidencial y
Máximo, para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades,
transferencias millonarias de esos empresarios, que previamente habrían
recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.
Al poco de acudir a declarar como imputada en esta causa, el pasado 7
de marzo, Fernández negó haber cometido los diversos delitos de
corrupción que se le imputan y reiteró sentirse víctima de una
"persecución judicial y mediática" sin "antecedentes" en su país.
La exmandataria está imputada por la Fiscalía en varias causas y
procesada judicialmente en otras dos: una en la que se investigan
operaciones del Banco Central realizadas bajo su gestión -también
dirigida por Bonadio- y otra por presunta asociación ilícita y
administración fraudulenta en la concesión de obra pública
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