Juez conocerá coerción caso Odebrecht

jueves, 20 de julio de 2017

El juez especial de Instrucción, Francisco Ortega,  conocerá el 4 de agosto la medida de coerción a Bernardo Castellanos, el único implicado en el caso del soborno dado por la Constructora Odebrecht en el país que no ha sido arrestado porque está fuera del país.

La medida de coerción fue establecida por el magistrado Ortega para las 10:00 de la mañana, del viernes 4 de agosto, mediante el auto número 03-2017, emitido el 18 de julio, cuya audiencia será celebrada en la sala de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).  La audiencia fue fijada a solicitud del procurador general, Jean Alain Rodríguez, sustentada en una petición de debida diligencia promovida por Castellanos en instancia del  4 de julio, a través de su abogado Mariano Elsevif,  en base al artículo 286 del Código Procesal Penal.

“Atendido: que el propósito de las referidas diligencias es que se conozca la solicitud de medida de coerción hecha por el Ministerio Público en contra del encartado, quien, a través de su abogado, indica su compromiso de presentarse a la audiencia”, señala el auto.

En la audiencia del 30 de mayo, el juez Ortega ordenó el desglose del proceso al imputado Castellanos, porque no estaba presente.  El representante legal de  Castellanos, el abogado  Elsevyf confirmó a Listín Diario que su cliente  se encuentra en Guatemala cumpliendo con compromisos profesionales.   

El 7 de junio, el juez Ortega impuso un año de prisión preventiva en contra del empresario Ángel Rondón; nueve meses para Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga;  seis meses a Temístrocles Montás, Andrés Bautist, y el exdiputado Ruddy González.  También tres meses en contra de César Sánchez, y Máximo De Oleo; prisión domiciliaria por nueve meses a Radhamés Segura, y  Roberto Rodríguez. Además,  el pago de una garantía económica de RD$5 millones y el impedimento de salida del país a los legisladores Tommy Galán,  Julio César Valentín, y Alfredo Pacheco.  Sin embargo, el sábado 8 de julio, la  cámara penal de la SCJ varió esa sentencia.
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