La Procuraduría Especializada en Persecución de
la Corrupción Administrativa (PEPCA) acusó formalmente a seis personas y
a tres compañías, junto a sus representantes, por su supuesta
participación en los sobornos por US$3.5 millones que la empresa
Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) admitió haber pagado para
facilitar la compra de ocho aviones Super Tucano en el año 2009.
La acusación fue presentada en contra del exministro de las Fuerzas
Armadas, mayor general retirado Rafael Peña Antonio; el exdirector de
proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, coronel Carlos
Piccini Núñez; los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino
Hernández; Ysrael Abreu Rosario y Félix Del Orbe Berroa, así como contra
las empresas Embraer, Magycorp, S.R.L., y 4D Business Group.
A través de un comunicado de prensa, la institución apéndice del
Ministerio Público dijo que mediante el acto conclusivo depositado en la
Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito
Nacional, a Peña Antonio, Piccini Núñez, Aquino Méndez, Aquino
Hernández, Embraer, Magycorp, 4D Business Group, Abreu Rosario y Del
Orbe Berroa, se les imputa haber violado varios artículos del Código
Penal Dominicano, la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la
Inversión, y la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
El Ministerio Público recordó en su comunicado que inició la
investigación de este caso a principios del año 2016 y que a mediados
del presente año las autoridades decidieron solicitar la extensión del
plazo con el fin de ampliar y profundizar las investigaciones que se
habían realizado hasta el momento.
En ese sentido, dijo que gracias a la extensión del plazo, el
Ministerio Público pudo solicitar la cooperación internacional a las
autoridades del Ministerio Público Federal de Brasil, al Departamento de
Justicia de los Estados Unidos, a Panamá y Uruguay, “lo que permitió
tener acceso a numerosos correos electrónicos que evidencian el esquema
ilegal de sobornos entre Embraer, S.A. y los imputados”.
De igual manera, y siempre según el comunicado del Ministerio
Público, eso les permitió que el identificar a cinco nuevos implicados:
Embraer, Magycorp, 4D Business Group, Abreu Rosario y Del Orbe Berroa.
“Las indagatorias abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en
el país y en el exterior, análisis y verificación de patrimonios,
examen a movimientos de cuentas bancarias, así como la localización e
indagatoria sobre el origen de bienes”, dice el comunicado divulgado
anoche.
Con relación a Embraer, S. A., estableció que a través de sus
empleados y agentes esta empresa brasileña accedió a pagar y pagó
aproximadamente US$3,520,000.00 en sobornos para obtener el contrato de 8
aviones Super Tucano, a los imputados Pedro Rafael Peña Antonio y
Carlos Ramón Piccini Núñez.
“Igualmente, estableció que Magycorp, S.R.L., fue una sociedad que se
prestó como receptora de parte de los sobornos recibidos por los
imputados Pedro Rafael Peña Antonio y Carlos Ramón Piccini Núñez
provenientes de Embraer, S.A., siendo uno de sus socios fundadores y
comisario de cuentas el también imputado Ysrael Abreu Rosario”, indica
el comunicado.
En torno a Abreu Rosario, la acusación señala que es socio fundador y
comisario de cuentas de la sociedad Magycorp, S.R.L., la cual habría
recibió parte de los sobornos. También el Ministerio Público señala que
esta última ayudó a distraer bienes del imputado Pedro Rafael Peña
Antonio, “ya que es el verdadero propietario de la compañía Ares
Security And Training, S.R.L., que le compró 2 inmuebles al imputado
Pedro Rafael Peña Antonio durante el proceso de investigación”.
“Dicha compañía se encuentra representada en un 99% por su madre, de
quien procedió a falsificar la firma en los contratos de venta mediante
sellos gomígrafos. Durante allanamiento practicado por el Ministerio
Público se le encontraron numerosos sellos gomígrafos falsificados de
instituciones públicas nacionales e internacionales”, indica la
investigación presentada.
“En tanto que con relación a Del Orbe Berroa estableció que fue el
notario que legalizó los contratos de venta viciados de falsedad
suscritos entre Pedro Rafael Peña Antonio y la compañía Ares Security
And Training, S.R.L”, agrega el comunicado.
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