El Consejo Disciplinario del Ministerio Público
destituyó al titular de la Procuraduría Fiscal de Samaná, Robert Justo
Bobadilla, quien está acusado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de varias empleadas y usuarias de esa dependencia.
El consejo lo declaró responsable de cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones, por lo que ordenó su inhabilitación para prestar servicio nueva vez dentro del Ministerio Público, y de manera temporal por un período de cinco años para prestar servicio en cualquier otra institución del Estado.
La decisión estuvo basada en la violación del artículo 91 y sus
numerales 1, 2 y 13, así como el artículo 92 en sus numerales 3 y 8 de
la Ley Orgánica del Ministerio Público número 133-11, y los artículos 10
en sus numerales 1, 2 y 13, y 11 numerales 3 y 8 del Reglamento
Disciplinario del Ministerio Público.
“La decisión fue adoptada luego que el consejo disciplinario aceptara
una solicitud hecha por la Inspectoría General del Ministerio Público,
órgano a cargo de la investigación, la cual solicitó que el hoy exfiscal
fuera desvinculado del cargo”, explica la Procuraduría General de la
República (PGR) en un comunicado de prensa.
La PGR también informó que Justo Bobadilla había sido suspendido de
sus funciones luego que la Inspectoría del Ministerio Público recibiera
el pasado año la denuncia del caso por parte de nueve empleadas, siete
de las cuales mantuvieron la acusación durante el proceso.
“Nos satisface que hoy, después de más un año de haber iniciado este
juicio disciplinario, durante el cual el exfiscal utilizó múltiples
mecanismos para tratar de dilatarlo, podamos tener una decisión, que
espero sirva de ejemplo a los demás miembros de la institución”,
manifestó el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
En virtud de que tras su destitución, el exmiembro del Ministerio
Público perdió la jurisdicción privilegiada, podría ser juzgado en
principio en la jurisdicción de Samaná, por los graves hechos
denunciados por varias empleadas, usuarias y una policía, cuyos nombres
se omiten para proteger su identidad.
Durante la maratónica audiencia de casi dos días, el tribunal escuchó los testimonios de siete testigos de la Inspectoría General del Ministerio Público y once personas que asistieron en calidad de testigo por parte del imputado.
El Consejo Disciplinario del Ministerio Público lo integran el
procurador general adjunto, Carlos Castillo; el procurador general de
Corte de Apelación, Fernando Quezada, y la fiscal titular de Villa
Altagracia, Fátima Guzmán.
Mientras que la Inspectoría estuvo representada por el inspector
general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, y los fiscales Domingo
Cabrera y Miguel Cabrera.
El Ministerio Público indicó en el comunicado que a partir de la
fecha, el exfiscal Robert Justo tiene 10 días para apelar y que dicha sentencia será leída el próximo 21 de agosto.
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