El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP),
Eduardo Hidalgo, afirmó ayer que ese gremio no está obligado a dar las
informaciones solicitadas por el presidente de la Alianza Contra la
Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburcio, con relación a lo
gastado desde enero de 2012 a septiembre de 2017 por concepto de
retención de descuentos para el pago de cuota de afiliación de los
docentes.
Hidalgo habló durante una rueda de prensa en la sede de la ADP, donde
precisó que esa asociación es un sindicato creado mediante registro en
el Ministerio de Trabajo, y por tanto no está obligada, “en razón de que
sus fondos provienen de los descuentos que sus miembros, que son los
profesores del sistema dominicano de educación, autorizan descontar de
sus salarios”.
El presidente de Adocco había exigido a la ADP transparentar la suma
de RD$1,166,823,14 que le ha entregado el Ministerio de Educación, en el
período 2012-2017, correspondiente al 1% del salario percibido por los
afiliados.
Tiburcio señaló que luego de recibir denuncias de profesores que
dijeron no recibir informaciones del gremio que los agrupa sobre el
destino de los recursos que cada mes les son retenidos, procedió a
solicitar al presidente de la ADP los ingresos por concepto de cuotas
aportadas por los miembros de ese sindicato, la ejecución presupuestaria
con detalles de gastos y conceptos, correspondientes a enero/diciembre
del año 2016 y enero/agosto del año 2017 y las nóminas de personal con
sus detalles de posición, salario y tiempo, con la totalidad de lo
erogado por ese concepto y por último; la relación de pago de viáticos a
los miembros del consejo directivo.
Respuesta de la ADP
De su parte, Hidalgo dijo que respondió a esa solicitud el pasado 26 de septiembre mediante una carta que envió a Tiburcio pidiéndole que precisara el destinatario de los datos de 2012 a 2017, ya que en la misma menciona a la ADP y al presidente del Concejo Municipal de Regidores de Higüey.
De su parte, Hidalgo dijo que respondió a esa solicitud el pasado 26 de septiembre mediante una carta que envió a Tiburcio pidiéndole que precisara el destinatario de los datos de 2012 a 2017, ya que en la misma menciona a la ADP y al presidente del Concejo Municipal de Regidores de Higüey.
Sostuvo que el 2 de octubre remitió otra carta al presidente de
Adocco, aún sin recibir respuesta de la anterior. En ella planteó que
los descuentos que hace el Ministerio de Educación a los docentes
miembros de la ADP están sustentados en el artículo 12 de los estatutos
del gremio.
También indicó que los ingresos por cuotas aportadas por los miembros
de la ADP, correspondiente de 2012 a 2017, el gremio realizó la
ejecución presupuestaria con detalles de gastos y conceptos
correspondientes a enero-diciembre 2016 y enero-agosto 2017.
Además, el presidente de la ADP anunció que si en 72 horas, Julio
César de la Rosa Tiburcio, no se retracta sobre sus términos
“injuriosos” y “ofensivos” contra ese gremio, será sometido ante la
justicia dominicana.
Hidalgo atribuye a “sectores oscuros” las insinuaciones del
presidente de Adocco, a fin de desacreditar ese gremio. “No vamos a
permitir que personas, al parecer contratadas para hacer daño, anden por
ahí denigrando a tantos maestros y maestras que dan el todo por el
todo, día tras día”, manifestó el presidente de la ADP durante su
intervención.
Adocco advierte
De la Rosa Tiburcio deploró que el diputado y presidente de la ADP haya apelado a las disposiciones del artículo 1 de la Ley 200-04, Sobre Libre Acceso a la Información Pública, que obliga a las entidades públicas que reciben dinero provenientes del presupuesto, no obstante estar manejando fondos puestos en sus manos provenientes de los aportes de los sindicalizados a través de una institución pública, actuando como agente de retención, como lo es el Ministerio de Educación, y no directamente de manos de sus asociados, “lo que nos confiere el derecho, como entidad veedora del uso correcto de los fondos públicos, a requerir de manos de cualquier entidad pública y privada el destino de recursos provenientes, directa e indirectamente, de instituciones públicas, como es el caso de la especie”.
De la Rosa Tiburcio deploró que el diputado y presidente de la ADP haya apelado a las disposiciones del artículo 1 de la Ley 200-04, Sobre Libre Acceso a la Información Pública, que obliga a las entidades públicas que reciben dinero provenientes del presupuesto, no obstante estar manejando fondos puestos en sus manos provenientes de los aportes de los sindicalizados a través de una institución pública, actuando como agente de retención, como lo es el Ministerio de Educación, y no directamente de manos de sus asociados, “lo que nos confiere el derecho, como entidad veedora del uso correcto de los fondos públicos, a requerir de manos de cualquier entidad pública y privada el destino de recursos provenientes, directa e indirectamente, de instituciones públicas, como es el caso de la especie”.
El presidente de la Alianza Contra la Corrupción advirtió que de
mantener el presidente del gremio magisterial la negativa de ofrecer las
informaciones requeridas, procederá a elevar un recurso ante la
jurisdicción administrativa, para impedir que el Ministerio de Educación
siga reteniendo las cuotas por ese concepto, para que sean los
asociados que lo hagan en manos del sindicato, luego de recibir su
salario por parte del ministerio.
EL ORIGEN DEL ENTRAMADO CORRUPTO
EL BLOQUEO La caja de pandora se destapó cuando hace tres meses más de cinco mil profesores no pudieron cobrar sus sueldos porque sus cuentas fueron bloqueadas en el Banco de Reservas, por orden del Ministerio de Educación. Esta decisión, calificada de abusiva y desproporcional por la ADP, puso al descubierto falencias administrativas que se mantenían durante años en todo el sistema y que ninguna gestión había sido capaz de hacerle frente.
Una fuente dijo al Listín Diario que los distritos escolares, entes
administrativos del Ministerio en las jurisdicciones educativas en los
que está dividido el universo escolar, operaban cuasi autónomos y hacían
movimiento de personal de una escuela a otra, muchas veces en
coordinación con ADP, por conveniencias particulares y sin ningún tipo
de transparencia.
Esta distorsión generaba una sangría de recursos al presupuesto de
Educación, que erogaba alrededor de 600 millones de pesos al año para el
pago de maestros sustitutos porque los titulares se las arreglaban para
estar fuera de las aulas, pero sin ser sacados de la nómina.
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