En el proyecto de ley de Reforma Policial que el presidente Danilo Medina envió al Congreso Nacional se propone la creación de comisiones independientes para investigar las actuaciones de los agentes. Esa comisión podrá investigar los casos de muertes o lesiones de personas en una acción policial, acusaciones de corrupción e inconductas de los oficiales superiores, casos de racismo o discriminación de cualquier tipo y obstrucción de la justicia.
Esa comisión estará integrada por personas sin vinculación pasada o presente con la Policía. Su misión será establecer los hechos, la secuencia de eventos y las consecuencias de las alegadas inconductas.
Las conclusiones de estas comisiones no se orientarán a probar la certidumbre de las quejas, sino que podrá avocarse a establecer las probabilidades de que las inconductas hayan tenido lugar y sugerir si hay causa para procedimiento disciplinario y a identificar posibles cambios de prácticas.
En tanto, los investigadores no podrán ser trasladados ni separados de sus unidades e investigaciones, sino mediante una orden motivada basada en un mal desempeño o incompetencia comprobada y decidida por el Consejo Superior. Todo agente tendrá un número de manera visible que servirá para su identificación, preservando a los investigadores
Propone también cambiar toda la estructura de esa institución y pase a ser una dirección general, por lo que su jefatura estará encabezada por un director, y no un jefe, como es en la actualidad.
La pieza del Poder Ejecutivo, por el cual una comisión bicameral celebra vistas públicas, Dice que la organización y funcionamiento de esa nueva policía gire en torno a dos labores fundamentales: prevenir e investigar. Además propone una reducción de las funciones del Consejo Superior Policial, del cual solo dependerían el Departamento de Asuntos Internos y el Instituto Policial de Educación y los demás de la Dirección General.
El director será designado por el Presidente de la República por un período máximo de tres años, en función del escalafón policial, pero el mandatario lo podría quitar antes, si así lo considera.
El uso de la fuerza
El Poder Ejecutivo propone regular el uso de la fuerza de los agentes y que haya marcos estandarizados y procedimientos estrictos. Los casos de muertes de estudiantes universitarios y de un oficial de la institución han revelados la “debilidad” de la policía en este campo.
A partir de la entrada en vigencia de esta ley, la Policía tendrá la obligación de publicar sus estados anuales de rendición de cuentas y se instituirá un nuevo régimen de declaración jurada de bienes para oficiales y personal administrativo, lo que tendrá carácter obligatorio. Propone mejorar la seguridad social para que policías y sus familias tengan mejor acceso a la salud.
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