La Casa Blanca defendió ayer la decisión del presidente Donald Trump
de despedir a la fiscal general interina, Sally Yates, por cuestionar el
veto a inmigrantes y refugiados, y advirtió contra futuros disensos
dentro del gabinete, cuya misión principal debe ser "cumplir" la agenda
del mandatario.
Yates, quien ordenó a sus subordinados en el Departamento de Justicia
no defender en los tribunales el veto impuesto por Trump, con el
argumento de que no estaba "convencida" de que la medida del presidente
sea "legal", fue "lícitamente apartada" del cargo, según explicó en su
rueda de prensa diaria el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.
Como fiscal general en funciones, a Yates "se le exige ejecutar
órdenes legales" y optó por no hacerlo "en un tono desafiante", sostuvo
Spicer.
Según el portavoz, si Yates llegó a la conclusión de que no podía
defender la orden firmada por Trump el viernes y que prohíbe
temporalmente la entrada a Estados Unidos de todos los refugiados y de
ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, debería haber
renunciado al cargo.
Eso no ocurrió y Trump decidió este lunes despedir de manera
inmediata a Yates, a la que acusó de haber "traicionado" al Departamento
de Justicia, y a la que llamó "débil" en lo que a seguridad fronteriza
se refiere y "muy débil" frente a la inmigración ilegal.
Durante la rueda de prensa, un periodista preguntó a Spicer si la
salida de Yates es una señal de lo que puede ocurrir en el futuro si
algún otro miembro del gabinete se niega a seguir una directiva del
presidente.
"No se trata de unirse al Gobierno para ejecutar las ideas o
iniciativas de cada uno", afirmó Spicer al anotar que la misión de los
miembros del gabinete, jefes de agencia y personal designado por Trump
es "cumplir" la agenda del mandatario.
Y "si no les gusta, entonces no deberían aceptar el trabajo", añadió el portavoz.
A la espera de que el Senado confirme al nominado de Trump, el
senador republicano Jeff Sessions, el nuevo fiscal general en funciones
es Dana Boente, hasta ahora fiscal para el distrito este del estado de
Virginia y quien se declaró "honrado" de trabajar para el Gobierno del
magnate.
De hecho, inmediatamente después de jurar el cargo este lunes, Boente
instruyó al Departamento de Justicia para hacer cumplir la orden sobre
inmigrantes y refugiados de Trump.
Por otro lado, el Comité Judicial del Senado celebró hoy una sesión en la que preveía votar sobre la confirmación de Sessions.
El presidente de ese comité, el senador republicano Chuck Grassley,
comenzó la sesión urgiendo a sus colegas a no demorar por más tiempo la
confirmación de Sessions, de quien dijo que "aplicará la ley con
independencia e integridad" al frente del Departamento de Justicia.
Mientras, la senadora Dianne Feinstein, la demócrata de mayor rango
del comité, expresó su preocupación por el grado de "partidismo"
demostrado, a su juicio, por Sessions.
Feinstein se preguntó si, de ser confirmado, Sessions apoyará las
"amplias y destructivas" órdenes ejecutivas de Trump y hará cumplir
acciones del presidente que "puede que violen la Constitución".
Los demócratas hicieron uso de una maniobra de procedimiento para
aplazar el voto sobre Sessions en el comité al menos hasta este
miércoles, en protesta por el despido de Yates y el veto de Trump a
inmigrantes y refugiados.
Por su parte, los demócratas que integran el Comité de Finanzas del
Senado también boicotearon hoy el voto sobre los nominados de Trump para
ocupar las carteras de Salud y el Tesoro, Tom Price y Steven Mnuchin,
respectivamente.
Sin hacer mención a las críticas y la polémica por el despido de
Yates y su orden ejecutiva contra refugiados e inmigrantes, Trump atacó
hoy a los demócratas en su cuenta personal de Twitter por no haber
confirmado todavía a Sessions y a otros miembros de su gabinete.
"¡Cuándo los demócratas nos darán a nuestro fiscal general y al resto
del gabinete! ¡Deberían avergonzarse de sí mismos!", enfatizó.
El mandatario adelantó a hoy el anuncio, previsto en principio para
el jueves, de su candidato para ocupar la vacante en el Tribunal Supremo
abierta tras la muerte en febrero de 2016 del juez conservador Antonin
Scalia, con el aparente objetivo de que la controversia sobre sus
últimas decisiones pase a un segundo plano.
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