El procurador interroga a Segura por presa Palomino

La Procuraduría General de la República interrogó ayer por segunda ocasión al exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, en torno al caso Odebrecht.

Segura acudió pasadas las 2:00 de la tarde, acompañado de sus abogados, al despacho del procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, quien de inmediato inició su interrogatorio en compañía de la titular del Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero.

El interrogatorio terminó alrededor de las 8:00 de la noche, y al salir del despacho del procurador, aseguró que siempre estará disponible a los requerimientos del ministerio público.

Se informó que con el interrogatorio al exfuncionario se completaría su interpelación que se le había practicado el pasa- do lunes 16 de enero. Segura fue citado para responder a un contrato que firmara cuando se desempeñó como ejecutivo de la CDEEE, de la hidroeléctrica de Palomino, en abril del 2005.

En la primera ocasión cuando fue interpelado, Segura rechazó que ese contrato tuviera algún intermediario.

Con la comparecencia del dirigente político suman más de 20 las personas consultadas por el caso desde el mes de diciembre, cuando la empresa extranjera informó que había pagado sobornos por 92 millones de dólares a la República Dominicana. 

Las investigaciones del caso fueron abiertas en diciembre pasado, luego de que Odebrecht admitiera en Estados Unidos que pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, incluyendo República Dominicana con US$9 2millones, en el período 2001-2014.

Por segunda ocasión

 
Al igual que Segura, el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, ha sido interrogado en dos ocasiones por el caso Odebrecht.

Díaz Rúa fue interrogado por primera vez el 20 de enero pasado. La segunda el 8 de marzo.

ANTECEDENTES DEL ESCÁNDALO ODEBRECHT 

 
El escándalo desatado por las acciones de Odebrecht en países de Latinoamérica ha permitido la difusión de datos e informaciones que comprometen la responsabilidad de funcionarios y líderes políticos, en una madeja que ha motorizado una amplia investigación en República Dominicana, a través de la Procuraduría General de la República.

Senadores, diputados, ministros y exministros han sido interrogados por el caso.