Luiz Inácio Lula da Silva, el líder más popular que ha tenido Brasil
en las últimas décadas, se convirtió en el primer expresidente condenado
penalmente por la Justicia de un país que desde hace más de tres años
lidia con escándalos de corrupción en las altas esferas del poder.
El exmandatario, de 71 años, fue condenado en primera instancia a nueve años
y medio de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de
dinero, aunque no se decretó su prisión preventiva pues la pena aún
deberá ser confirmada por un tribunal superior.
La sentencia fue proferida por el juez federal Sergio Moro, encargado
de las investigaciones del caso Petrobras, quien halló culpable a Lula
de beneficiarse de la gigantesca trama corrupta que desvió millones en
la estatal petrolera.
El magistrado da por comprobado que el expresidente recibió 2.25 millones de reales
(unos 700.000 dólares) en concepto de sobornos, los cuales se habrían
materializado en la reserva y reforma de un apartamento tríplex en el
balneario de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo.
Moro añadió en el auto que Lula "faltó a la verdad
de los hechos en sus declaraciones", en las cuales negó ser el verdadero
dueño del inmueble y que lo recibió a cambio de favorecer a la
constructora OAS, implicada en la trama.
"Es lamentable que un expresidente de la República sea condenado
criminalmente, pero la culpa de eso son los crímenes por él practicados y
no la regular aplicación de la ley", escribió Moro en la sentencia y
añadió que prevaleció el principio de "no importa cuán alto seas, la ley
siempre está encima de ti".
Lula gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y responderá en libertad a la
espera de que una instancia superior se pronuncie sobre el proceso, uno
de los cinco que tiene abiertos con la Justicia, la mayoría relacionados
con el caso Petrobras, que ha enviado a prisión a decenas de políticos
de todo el arco ideológico y empresarios.
Moro explicó en su sentencia que no ordenó una prisión cautelar del
líder del Partido de los Trabajadores (PT) por "prudencia" y para evitar
"ciertos traumas", pese a "los episodios de orientación a terceros para
la destrucción de pruebas (que atribuye a Lula)".
Asimismo, en su sentencia prohibió a Lula ocupar cargo o función
pública por 19 años, en caso de que la sentencia sea ratificada, y le
impuso una multa adicional de 669.700 reales (unos 200.000 dólares) por
los crímenes supuestamente cometidos.
Al ser una condena en primera instancia, Lula mantiene intacta, hasta
tanto se ratifique la sentencia, la posibilidad de concurrir a las
próximas elecciones generales previstas para 2018, a las que ha
manifestado en repetidas ocasiones su deseo de presentarse.
La justicia superior deberá pronunciarse sobre el caso a mediados o
fines del año próximo, lo que coincidiría con la campaña electoral.
El Partido de los Trabajadores (PT), en el que Lula participó de su
fundación en 1980, rechazó la sentencia "sin pruebas" contra su líder y
la que calificó de "vergonzosa", según publicó en redes sociales la
presidenta de la formación, Gleisi Hoffmann.
Por otro lado, la exmandataria brasileña Dilma Rousseff, destituida
el año pasado por supuestas irregularidades fiscales, dijo de su sucesor
en el cargo y padrino político que es "inocente" y que "el pueblo lo
rescatará en 2018".
No obstante, los problemas de Lula con la Justicia no se reducen a
las cinco juicios abiertos, ya que podría llegar a ser investigado en
otros seis procesos más, según solicitó la Fiscalía con base en
confesiones hechas por exdirectivos del grupo Odebrecht.
Igualmente también está salpicado por revelaciones a la Justicia de
ejecutivos del grupo JBS, que lo acusan de haber recibido la suma de 50
millones de dólares en supuestos sobornos que habrían sido depositados
en diversas cuentas bancarias abiertas en el exterior.
La sentencia contra Lula se convierte en la más simbólica de todas
las que ya han sido proferidas por los múltiples escándalos de
corrupción que han estallado en Brasil en los últimos tres años, algunos
de los cuales han traspasado las fronteras nacionales y contagiado a
otros países en Latinoamérica.
Todos los expresidentes vivos desde el restablecimiento de la
democracia (José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique
Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff) han sido salpicados por la corrupción.
Incluso está implicado el actual mandatario, Michel Temer, a quien la
Fiscalía denunció en junio pasado por un supuesto delito de corrupción
pasiva que amenaza con desalojarle del poder, lo que dejaría a Brasil
sumido en una deriva institucional que no parece tener fin.
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